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El Congreso de los Diputados que surja de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre heredará dos reformas estatutarias, cinco leyes procedentes de distintos parlamentos autonómicos y siete Iniciativas Legislativas Populares (ILP).
Con la disolución de las Cortes Generales, de todas las propuestas que estaban tramitándose en el Congreso sólo sobreviven aquellas cuyo autor no es el Congreso sino los Parlamentos autonómicos así como las ILP, que son iniciativas ciudadanas que proponen la creación, modificación o derogación de una ley.
Así, la nueva Cámara Baja recibirá 'en cartera' la tramitación de cinco textos remitidos por las autonomías: dos del Parlamento de las Islas Baleares; uno del Parlamento de Cataluña, otro de la las Cortes Valencianas y un quinto de la Junta General del Principado de Asturias.
En concreto, una de las procedentes de Baleares reclama la cogestión de sus aeropuertos, una iniciativa que el Gobierno comenzó vetando con el argumento de que supondría una reducción de los ingresos de Aena que tendrían que ser compensados pero que luego acabó rectificando ante la presión de Més per Mallorca y de la propia presidenta del Congreso y ahora candidata de PSOE balear, Francina Armengol.
La segunda de las iniciativas autonómicas exige modificar el artículo 57 de la Ley de Protección Integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia con el objetivo de impedir que personas condenadas por delitos de acoso a menores puedan acceder o continuar ejerciendo profesiones, oficios o actividades que impliquen un contacto habitual con ellos.
De su lado, el Parlamento catalán envió a la Cámara Baja una proposición de ley para reformar la calidad de vida de las personas con ELA y otras enfermedades irreversibles, mientras las Cortes Valencianas remitieron otra iniciativa de reforma de la disposición adicional segunda de la Constitución para la reintegración efectiva del Derecho Civil valenciano.
La última propuesta autonómica parte de la Junta General del Principado de Asturias, que envió en 2014 su reforma de la Constitución para flexibilizar las condiciones para las ILP y los referéndums. Sin embargo, desde entonces la iniciativa ha sufrido un letargo institucional y ha ido pasando de legislatura a legislatura.
Entre las tareas pendientes de la próxima Cámara figuran también las reformas de los Estatutos de Autonomía de Castilla-La Mancha y de La Rioja, que volverán a la casilla de salida con la disolución anticipada de las Cortes Generales.
El primero fue tomado en consideración por el Pleno del Congreso en noviembre de 2025 pero su trámite parlamentario quedó suspendido con la convocatoria electoral, y ahora el PSOE quiere un debate en las Cortes de Castilla-La Mancha para solicitar formalmente su retirada. Mientras tanto, esta propuesta de reforma que incluye la ampliación del número de diputados regionales, se mantiene en cartera para la próxima legislatura.
La segunda reforma estatutaria, que La Rioja aprobó en 2019, no ha sido aún debatida por el Congreso, ya que estaba pendiente de que el Parlamento de esa comunidad le comunicase la designación de la delegación de un máximo de tres representantes que debe defender la reforma ante el Pleno de la Cámara. En legislaturas anteriores se llegó a tomar en consideración y se avanzó en comisión pero las distintas convocatorias electorales han impedido que se haya concluido su tramitación.
El Congreso que surja de las elecciones de noviembre debe tramitar, además, siete iniciativas impulsadas por la sociedad civil para legislar en contra del acoso escolar y en favor de la prevención del suicidio infanto juvenil, en defensa de la transparencia y de los denunciantes y en pro de la desmercantilizacón habitacional protegida en zonas tensionadas.
Asimismo, otras ILP abogan por regular la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, por establecer una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de la protección de la Seguridad Social, por aumentar los ratios de enfermeras para garantizar la seguridad del paciente en centros sanitarios y por regular la participación en el coste de las prestaciones y servicios a las personas beneficiarias de ayudas a la dependencia.
