Constitucionalistas, cineastas y músicos respaldaron esta mañana en la Asociación de la Prensa de Sevilla la iniciativa «Senadoras y Senadores por la Democracia», que ya suma 2.880 firmas en Andalucía. El argumento central: el Senado no legisla, pero en esta legislatura designa cuatro magistrados del Tribunal Constitucional y diez vocales del CGPJ.
El argumento: un órgano sin poder legislativo pero con llave sobre la Justicia
El eje de la intervención —y de toda la iniciativa— lo puso el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo, expresidente del Consejo de Rectores de España. Su tesis: el Senado español es producto de un «bicameralismo sumamente imperfecto» diseñado no por las Cortes Constituyentes, sino por las Cortes de Franco a través de la Ley para la Reforma Política. Función legislativa, potestad presupuestaria y control del Gobierno están atribuidas en exclusiva al Congreso; cualquier iniciativa que apruebe el Senado tiene que volver a pasar por el Congreso, que puede rechazarla de plano. Por eso Pérez Royo lo calificó repetidamente, sin medias tintas, como «un aborto constitucional».
Pero ese órgano sin poder positivo conserva una atribución que sí importa: designa cuatro magistrados del Tribunal Constitucional y diez vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y ahí está el calendario que explica la urgencia:
- Los cuatro magistrados del TC debían renovarse en diciembre de 2025. El PP ha bloqueado la negociación esperando mejores números tras estas elecciones —será la primera tarea del Senado resultante del 29-N.
- Otros cuatro magistrados del TC corresponden renovarse en 2027.
- La mitad de los diez vocales del CGPJ que designa el Senado se renueva en 2029.
Si la derecha mantiene la mayoría absoluta que tiene hoy en la Cámara Alta, según el argumento de Pérez Royo, controlaría de facto el Tribunal Constitucional y el órgano de gobierno de los jueces sin necesidad de tocar ni una coma de la Constitución, porque «la Constitución será lo que digan los magistrados y los jueces que ellos designen».
La mecánica: por qué nadie «sacrifica» nada
La propuesta aprovecha una peculiaridad del sistema electoral al Senado (266 escaños: 208 de elección directa, cuatro por provincia, más 58 designados por los parlamentos autonómicos). Cada elector vota hasta tres nombres de los cuatro que se eligen por provincia —un sistema mayoritario corregido, no proporcional. Presentando una lista coordinada de tres candidatos de izquierda por provincia, en lugar de que cada partido compita por separado, el bloque de izquierdas podría arrebatarle al PP-Vox buena parte de esos 208 escaños directos.
El reparto propuesto, provincia a provincia: dos candidatos del PSOE y uno del resto de la izquierda, porque —según recordó Pérez Royo— el PSOE es el único partido de izquierdas que históricamente ha ganado senadores provinciales por elección directa; el resto de formaciones solo han entrado al Senado vía designación autonómica.
El argumento de fondo para que ningún partido vea esto como una cesión ideológica: en el Congreso sí hay programa, sí hay negociación de políticas concretas y sí habría fricción entre sensibilidades. En el Senado no hay nada que negociar más allá de nombres, porque el Senado no decide nada. Ventajas adicionales señaladas: financiación pública para formaciones pequeñas que nunca han tenido representación en ciertas provincias, y la posibilidad de «ocupar territorio» —tener aparato visible en provincias donde la izquierda a la izquierda del PSOE no ha tenido nunca ni un solo cargo electo, con proyección a futuras municipales y diputaciones.
Pérez Royo subrayó también la asimetría a favor de la izquierda en este punto concreto: PP y Vox no pueden anunciar una coalición antes de las elecciones —porque el programa de Vox es, en sus palabras, «una enmienda a la totalidad a la Constitución»— mientras que para la izquierda unirse en el Senado no tiene ese coste político.
Los números sobre la mesa
Leídos en la rueda de prensa, con cita del artículo 69 de la Constitución: en 2023 el PP obtuvo 120 senadores (+37 sobre 2019) y el PSOE 72 (−21). En la legislatura que termina, PP tenía 143 senadores y PSOE 89. Tras la disolución, la Diputación Permanente del Senado queda con 73 miembros: Grupo Popular 39, Grupo Socialista 24, Izquierda Confederal (Sumar-Compromís) 2, y 8 repartidos entre formaciones nacionalistas.
En firmas: Andalucía suma casi 3000 firmas, con Málaga a la cabeza (cerca de 1.000), Sevilla con 585 y Granada rondando las 600. La iniciativa se presentó oficialmente en el Ateneo de Madrid el 6 de octubre, donde recogió el apoyo de cerca de 5.000 firmantes a nivel estatal, entre ellos Juan José Millás, Rosa Montero, Miguel Ríos, Gabriel Rufián, Nicolás Sartorius, Fernando Trueba o Mercedes Sampietro.
La iniciativa admite adminisiones en un formulario en su página web.
Las voces no jurídicas
En la mesa, junto a Pérez Royo: la cineasta Pilar Távora, el cantante Kiko Veneno y el director Benito Zambrano.
Távora enmarcó el manifiesto como «iniciativa de la sociedad civil» en la que «ningún partido pierde su identidad» y alertó del escenario de un Congreso y un Senado ambos en manos de derecha y ultraderecha. Kiko Veneno y Benito Zambrano hablaron desde el terreno cultural: insistieron en la función pedagógica del arte, en la necesidad de activar a la ciudadanía y trazaron un paralelismo explícito con los años treinta europeos.
Antonio Rodrigo Torrijos, representante sevillano del Grupo Motor utilizó la palabra «liberticidio»— fue la más dura del acto: habló de una derecha cívica «fagocitada» por la extrema derecha, replanteó el eje no como izquierda-derecha sino como solidaridad frente a su ausencia, y cargó contra Adelante Andalucía por mantener «un proyecto propio» en lugar de sumarse, calificándolo de «justificación ridícula, egoísta».
Estado de la negociación y calendario
Pérez Royo confirmó contacto directo con María Jesús Montero (PSOE), quien le trasladó que el partido está «muy interesado» y que ella personalmente está empujando internamente; y con Antonio Maíllo y Esperanza Gómez, también favorables. Como precedentes de que el mecanismo ya funciona en otros territorios, citó Baleares y la Comunidad Valenciana, donde PSOE y la izquierda ya han alcanzado acuerdos para una candidatura unitaria al Senado —en la línea de lo ya ensayado en 2023, cuando ERC y EH Bildu concurrieron juntos al Senado en Cataluña y País Vasco, y en Eivissa y Formentera PSOE, Sumar, Esquerra Unida y Ara Eivissa se presentaron unidos.
El calendario aprieta: las coaliciones deben registrarse el 16 de octubre; las candidaturas, ante la Junta Electoral Provincial, entre el 21 y el 27. Al día siguiente de esta rueda de prensa la plataforma presenta la iniciativa en Málaga (con Inmaculada Jabato), Córdoba (con Juan Torres), Granada y Jaén.
