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El exconsejero catalán Toni Comín ha recogido este jueves en la Junta Electoral Central (JEC) su credencial como eurodiputado de Junts tras prometer la Constitución española por imperativo legal y «por fidelidad al pueblo de Cataluña y al mandato del 1 de octubre» de 2017, fecha del referéndum ilegal de independencia de Cataluña.
La comparecencia de Comín ante la JEC, situada en dependencias del Congreso en Madrid, ha sido posible después de que hace unos días el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena confirmara la aplicación de la ley de amnistía al delito de malversación, siguiendo la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, y dejara sin efecto las órdenes de detención que pesaban sobre él y sobre el expresidente catalán Carles Puigdemont.
Comín encabezó la candidatura de Junts a las elecciones europeas de junio de 2024 y obtuvo el único escaño de la formación, pero no completó los trámites exigidos por la legislación española, ante el riesgo de ser arrestado al pisar España. Su asiento en el Parlamento Europeo ha permanecido vacío desde entonces, aunque el exconseller ya había ejercido como eurodiputado durante la legislatura 2019-2024.
Comín, que ha acudido a la sede del organismo electoral en el Congreso de los Diputados acompañado por su abogado, Gonzalo Boye, y por el diputado de Junts Josep Pagès, ha asegurado que este desplazamiento a Madrid no supone el final de lo que define como su «exilio», que ha situado en el próximo domingo, cuando tiene previsto regresar a Cataluña.
Tras cumplir con los trámites legales, Comín ha comparecido ante la prensa y, en una declaración sin admitir preguntas, ha explicado que su presencia en Madrid ante la JEC era «imprescindible» para asumir el escaño, pero se ha quejado de que la cita se haya fijado antes de su previsión de retorno a Cataluña este fin de semana.
El ya eurodiputado había anunciado un acto público este fin de semana para escenificar su regreso tras cruzar la frontera francesa y cree que citarle en Madrid este jueves fue un intento de obstaculizar sus planes mediáticos por «derecho al pataleo» y una muestra de «mal perder» por parte del Estado, al que achaca el uso de «recursos penales, políticos y de espionaje» contra el independentismo.
