El Consejo General del Poder Judicial (CGJP) ha abierto este lunes una diligencia informativa para estudiar las quejas recibidas sobre David Maman —juez que investiga la querella interpuesta contra José Ángel González, ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, por presunta agresión sexual contra una subordinada— por comentarios relacionados con la violencia de género y custodia.
Así lo ha decidido el promotor de la acción disciplinaria, según ha comunicado el órgano de gobierno de los jueces, a raíz de las quejas por «manifestaciones» realizadas por el titular de la Plaza Número 8 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Madrid durante su intervención en una actividad formativa impartida en el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).
Más de 100 organizaciones habían pedido días antes que se abriera una investigación contra el juez por unas manifestaciones públicas sobre violencia machista que consideran «incompatibles» con la imparcialidad judicial.
El Ministerio de Igualdad también le reclamó al CGPJ que se abrieran diligencias al magistrado y un expediente disciplinario por una posible «falta grave».
«Realizó diversas manifestaciones relativas a las mujeres víctimas de violencia de género, al ejercicio de sus derechos procesales y a la protección de las personas menores de edad, cuyo contenido resulta manifiestamente incompatible con los deberes de imparcialidad, respeto y sujeción al ordenamiento jurídico que rigen la función jurisdiccional», argumentó Igualdad.
Según el escrito del Ministerio de Igualdad remitido al CGPJ, el juez atribuyó a las madres comportamientos de «manipulación» sobre sus hijos —lo que describió como «lavado de coco»— y afirmó que «la mujer es una enemiga acérrima» de la custodia compartida.
Y según el escrito de las organizaciones, el magistrado realizó afirmaciones que trasladan una visión «estereotipada» de las mujeres. Entre ellas, destacan referencias a que algunas denunciantes buscan órdenes de protección de forma interesada —utilizando expresiones como «la caza de la orden»—, que existen «ventajas» para las mujeres al denunciar y que en casos con menores las madres pueden influir en sus hijos mediante un supuesto «lavado de coco».
Por otro lado, la Comisión Disciplinaria del CGPJ ha acordado este jueves sancionar con una multa de mil euros a un magistrado que utilizó una herramienta de Inteligencia Artificial (IA) para redactar el borrador de una sentencia, después de que el Promotor de la Acción Disciplinaria le hubiera abierto un expediente disciplinario.
El CGPJ ha desestimado la propuesta que planteaba el Promotor de la Acción Disciplinaria, que interesaba para él una sanción de suspensión de quince días al considerar los hechos como una «falta muy grave». Según el Poder Judicial, el juez se valió de la IA como auxilio y complemento, pero no en sustitución de sus funciones judiciales.
La Fiscalía, por su parte, consideró que los hechos no constituían infracción disciplinaria y solicitó, en consecuencia, el archivo del expediente disciplinario sin imposición de sanción alguna.
