Un millar de personas se ha concentrado este domingo en la localidad gaditana de Chipiona para exigir al Gobierno andaluz una moratoria inmediata sobre los vertidos líquidos procedentes de las minas de Aznalcóllar y Cobre Las Cruces. La protesta, impulsada por colectivos ecologistas y respaldada por responsables políticos de cinco municipios ribereños —Sanlúcar de Barrameda, Coria del Río, Chipiona, Gelves y Trebujena—, ha pedido además que se conforme un comité científico independiente que evalúe los riesgos reales de contaminación en el estuario del Guadalquivir.
«Hemos superado las expectativas para decirle a la Junta que los municipios que vivimos de cara al río no queremos sufrir esos vertidos. El Gobierno andaluz tiene muy claro que quiere reabrir las minas a costa del Bajo Guadalquivir y que no le importan los pueblos y sus gentes, solo las grandes corporaciones», ha denunciado Modesto González, alcalde de Coria del Río (AxSí).
El fantasma de Aznalcóllar, 25 años después
El conflicto tiene su epicentro en la reapertura de la mina de Aznalcóllar, clausurada tras el desastre ambiental de 1998, cuando la rotura de la balsa de residuos provocó un vertido tóxico de más de 5 millones de metros cúbicos de lodos con metales pesados sobre el entorno de Doñana. Hoy, ese mismo yacimiento se prepara para volver a operar, esta vez bajo la gestión de la multinacional Minorbis-Grupo México, una de las mayores corporaciones mineras del mundo, con antecedentes de impactos ambientales graves en varios países latinoamericanos.
Pese a las advertencias científicas, la Junta de Andalucía defiende que los vertidos estarán controlados y serán inocuos. Una portavoz de la Consejería de Industria, Energía y Minas ha asegurado que «no se verterá al Guadalquivir ni un solo litro de agua que no haya sido tratado previamente y que no cumpla con la normativa en materia de vertidos al dominio público marítimo terrestre». Además, subrayan que el proyecto cuenta con todos los permisos legales, incluidos los informes ambientales preceptivos y un plan de control «garantista».
Los datos científicos contradicen el discurso oficial
Sin embargo, un informe reciente de la Universidad de Sevilla y del CSIC advierte que tanto los sedimentos del cauce como las especies piscícolas, como el albur (Alburnus alburnus), presentan ya niveles significativos de plomo, cromo, zinc, manganeso y selenio. Los expertos alertan de que cualquier incremento de estos elementos agravaría una situación ya crítica para el ecosistema y las actividades económicas ligadas al río.
«La reapertura de las minas, que ya dieron problemas cuando la balsa se rompió en 1998, la propicia ahora la Junta. Las universidades ya han alertado de que el río está colmatado de metales pesados y ahora el Gobierno andaluz quiere multiplicarlo por diez», ha denunciado Rafael Ruiz, portavoz de la plataforma Salvemos el Guadalquivir.
Según cálculos de esta organización, están en riesgo directo unos 60 000 empleos vinculados al turismo, la pesca artesanal y la agricultura en la franja comprendida entre Sevilla y Sanlúcar. Un dato nada menor en un contexto donde muchas comarcas del Bajo Guadalquivir ya sufren tasas de paro estructural superiores al 25 %.
Una Europa extractiva que impone su agenda
Los movimientos sociales alertan también del papel que está jugando la Comisión Europea al promover la extracción de minerales estratégicos dentro del continente, bajo el argumento de reducir la dependencia de terceros países en la transición energética y tecnológica. Este discurso, que prima la autonomía minera de la UE, está sirviendo para relajar controles ambientales y agilizar concesiones sin un debate democrático profundo sobre sus efectos en los territorios afectados.
«Nuestra vida cambiará por completo si convertimos el Guadalquivir en una cloaca industrial. La Comisión Europea nos ha puesto en la lista de zonas sacrificables por los metales, pero nosotros pedimos primero un estudio científico serio y una moratoria de todos los vertidos hasta que ese dictamen esté claro», ha reclamado Rafael Ruiz ante los medios.
Un conflicto que crece y una Junta que calla
La protesta de este domingo no ha sido un hecho aislado. Hace apenas tres meses, una decena de alcaldes y científicos se manifestaron ante la sede de la Presidencia de la Junta para exigir la paralización del proyecto. La respuesta institucional ha sido el silencio, o en el mejor de los casos, la reiteración de que todo «cumple la normativa».
Pero para los municipios ribereños no se trata de un conflicto técnico ni administrativo. Se trata de una pugna por el territorio, la salud ambiental y la soberanía de sus aguas frente a los intereses de un lobby minero que, amparado por Bruselas y la Junta, amenaza con convertir el corazón hidráulico de Andalucía Occidental en un corredor tóxico.
