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La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a tres personas como presuntas integrantes de un grupo criminal dedicado a la importación fraudulenta de vehículos procedentes de Alemania. Las detenciones se practicaron a finales de agosto, tras una investigación que puso de manifiesto que los detenidos falsificaban la documentación de compra y el valor real de los vehículos para eludir el pago de impuestos, atribuyendo su titularidad a terceras personas a cambio de dinero.
Tal y como informa la Policía en una nota, la investigación comenzó a raíz de la comprobación de una denuncia por una sanción de tráfico, cuyo destinatario no reconocía ser el titular real del vehículo sancionado. Las gestiones practicadas por la Policía Nacional permitieron determinar que los hechos estaban siendo cometidos por un grupo criminal, cuyos integrantes tenían un rol definido dentro de la organización.
Según la investigación, uno de los ahora detenidos organizaba la compra de los vehículos en Alemania, mientras que otro, a través de una sociedad mercantil, se encargaba de la gestión de los trámites administrativos, de manera que la operación aparentase realizarse dentro de la legalidad.
El tercer investigado por los hechos se encargada de proporcionar a los testaferros documentación de identidad, desconociendo éstos las consecuencias que podía acarrearles dicha cesión, ya que en caso de una posible reclamación de la Agencia Tributaria, la responsabilidad fiscal recaería sobre los testaferros, quedando los verdaderos beneficiarios del fraude en el anonimato.
En total, los investigadores constataron que se habían importado de forma fraudulenta una decena de vehículos, ascendiendo el importe de defraudación fiscal en torno de los 100.000 euros. Además, la ocultación patrimonial eleva el perjuicio económico global de la trama a una cifra que ronda el medio millón de euros.
Por todo ello, a finales del mes de agosto, los tres investigados, todos ellos residentes en Córdoba, fueron detenidos como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal y falsedad en documento mercantil, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial competente.
