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El juicio contra los 30 acusados de participar de participar en un plan para que mujeres marroquíes obtuvieran la residencia legal en España mediante falsas denuncias por violencia de género ha quedado suspendido por la inasistencia de cuatro de los acusados a la vista preliminar, en la que las defensas han tratado de sentar las bases de un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
La titular de la Plaza 3 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Almería ha pospuesto la vista oral después de que no se lograra citar a todos los acusados sin que se haya podido resolver el juicio mediante acuerdos de conformidad, aunque los representantes legales de los investigados que sí han acudido han tratado de negociar un acuerdo beneficioso para ellos.
«Los acuerdos que se han intentado están condicionados a que cada uno de los acusados pague la responsabilidad civil, que se deriva de esas ayudas que han percibido de forma incorrecta», ha explicado ante los medios tras la comparecencia la abogada defensora María del Mar Parrilla, de Partes Legal.
La causa contabiliza hasta 16 mujeres de origen marroquí que habrían obtenido de manera fraudulenta un permiso de residencia de cinco años por circunstancias excepcionales, como víctimas de violencia de género, tras ser agredidas en público por un hombre al que pagaban para que se confesara culpable en un juicio por lesiones leves, lo que les facilitaba una sentencia con la que ellas podían acreditar una condición de vulnerabilidad.
Con ello, las defensas buscan alcanzar un acuerdo judicial en el que sustituir las peticiones de hasta cinco años y tres meses de prisión por penas de multa, que se añadirían a la responsabilidad civil que se determine en sentencia judicial.
Los acuerdos, en caso de fructificar, también contemplan la devolución de las prestaciones de hasta 5.600 euros de la Seguridad Social que consiguieron bajo la condición de personas vulnerables.
Durante la comparecencia, además, se ha tratado de alcanzar un consenso para rebajar en un grado la responsabilidad penal del resto de acusados, incluido el presunto ideólogo de la trama, quien habría puesto en contacto a las interesadas con los hombres que, a cambio de pagos de hasta 4.500 euros, accedían a pegar a las mujeres en espacios públicos y, después, declararse culpables en un juicio rápido por delitos de lesiones leves.
La Fiscalía pedía inicialmente penas de ocho años y medio de cárcel para el supuesto 'cerebro' del plan mientras que para cada uno de los 13 hombres implicados en la trama reclamaba nueve meses de prisión por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falso testimonio.
Los hechos tuvieron lugar entre 2017 y 2019, cuando el principal acusado habría urdido un plan junto con otra persona, sobre la que pesa un orden de búsqueda y detención, para facilitar por la vía del fraude la residencia legal en España a través de mecanismos excepcionales como víctimas de violencia de género, de modo que les habrían explicado cómo debían actuar.
Así, los ideólogos ponían a estas mujeres en contacto con otros hombres, con los que debían dirigirse a un lugar público para, una vez allí, ser agredidas por ellos a la vista de todos, según la fiscal.
El Ministerio Público apunta el papel de estos hombres, quienes sabrían que su actuación estaba destinada a que las mujeres «obtuvieran la residencia» en el país, pero no que las acusadas declararían ante el juez que ellas «eran sus parejas, sin serlo». Tampoco serían conocedores de que ellas iban a solicitar después ayudas a la Seguridad Social.
Este tipo de situaciones habrían tenido lugar, conforme a la investigación realizada por la Guardia Civil, en sitios como avenidas, paseos marítimos, cafeterías, bares, parques o entradas de colegios en Almería, Aguadulce, Roquetas de Mar, Vícar, El Ejido y Almerimar, entre otros espacios.
Una vez celebrado el juicio y con una sentencia condenatoria, las mujeres se habrían dirigido bajo su nueva condición de víctimas de violencia de género a la Oficina de Extranjería para solicitar una autorización de residencia y trabajo «por circunstancias excepcionales».
La Fiscalía apunta casos en los que algunas mujeres se hicieron con prestaciones a través del Programa de Renta Activa de Inserción por ser víctimas de violencia de género.
