Artículo completo
El PSOE de Jaén ha tachado las cuentas autonómicas para 2027 como «los presupuestos del día de la marmota» debido a la constante repetición de proyectos año tras año, al tiempo que ha advertido de una reducción del 8,5 por ciento respecto a la cantidad asignada para la provincia en los presupuestos de 2026.
El parlamentario socialista Víctor Torres ha rechazado en rueda de prensa que la provincia vaya a recibir una inversión de 366 millones de euros en 2027, tal y como sostiene el Gobierno andaluz, y ha situado la cifra real en 335,5 millones de euros. «Invito al Gobierno andaluz a que puedan negar esta evidencia y a que lo hagan con papeles. No hay incremento ninguno. Hay un 8,5% menos de inversión presupuestaria», ha aseverado el parlamentario.
No obstante, el representante socialista ha criticado que, «da igual lo que presupuesten», puesto que las cuentas se convierten en «un festival de propaganda» que posteriormente no se llega a materializar.
En este sentido, ha desvelado que, a fecha de 30 de septiembre, la Junta de Andalucía solo ha ejecutado 28,5 millones de los 366 millones de euros que se habían presupuestado inicialmente para el presente ejercicio de 2026, lo que representa un porcentaje de ejecución de tan solo el 7,78 por ciento.
Para el PSOE, el PP y Vox «vuelven a atrapar a Jaén en una rutina monótona». Torres ha puesto como ejemplo que el «gran proyecto» para 2027 vuelve a ser la Ciudad Sanitaria, señalando que la propia Junta reconoce que los diez millones de euros presupuestados corresponden a la misma partida que ya se consignó en 2026 para la obra hidráulica. «Si esta es la apuesta de PP y Vox por Jaén, apaga y vámonos», ha dicho Torres.
En esta misma línea, ha instado a revisar la hemeroteca para comprobar cómo se vuelven a incluir las reformas de los centros de salud de La Carolina, Rus y Cazorla.
Respecto a las infraestructuras judiciales, ha lamentado que el proyecto de la Ciudad de la Justicia «va a volver a empezar» con poco más de un millón de euros de los 72 millones en los que está valorado. También ha criticado que la sede judicial de Villacarrillo se venga presupuestando desde 2019 «y nada», mientras que la sede de Linares —que el año pasado contaba con 400.000 euros— «ni aparece» en el nuevo documento, al igual que ocurrió con la de Úbeda en 2025.
En materia turística, Torres ha calificado de «vergüenza» la asignación de dos millones de euros por parte de la Consejería de Turismo, al tiempo que ha advertido de que «las cuentas no salen» en financiación universitaria, al pasar de más de 108 millones de euros en 2026 a 104 millones en 2027.
El parlamentario socialista ha tildado de «sangrante» la repetición de proyectos en agricultura y aguas. Ha detallado que se vuelve a incorporar una partida de 7,9 millones de euros para abastecimiento en la provincia, cuando en 2026 ya aparecía una de 2,8 millones para el sistema Víboras-Quiebrajano de la que «no han movido ni un papel».
Del mismo modo, ha apuntado que vuelven a aparecer las mismas depuradoras y agrupaciones de vertidos de Lopera, Pozo Alcón, Villanueva del Arzobispo y Campillo de Arenas-Noalejo, así como el Centro de Referencia de Control de Calidad del Aceite de Oliva en Mengíbar.
Por último, en el apartado de infraestructuras, Torres ha calificado de «vergonzosos» los 8,5 millones de euros destinados a actuar en «escasos cinco kilómetros» entre el polígono de Martos y el arroyo Salado.
También ha censurado que se anuncien «por enésima vez» partidas para parches en la carretera A-315, la conexión de polígonos de Alcalá la Real o el ramal ferroviario de Vadollano en Linares, mientras se asignan «cero euros» para el Puerto Seco de Linares, el Área Logística de Andújar, la ampliación del suelo industrial de Martos o el Centro de Transportes de Mercancías en Bailén.
Finalmente, Torres ha criticado el recorte del 35 por ciento en el programa de vivienda —que desciende de 18,9 a 12,1 millones de euros— y ha puesto en duda la efectividad de las políticas de empleo, recordando que el Programa Impulsa-T, anunciado en 2024 con siete millones de euros, mantiene a ayuntamientos «que aún no han recibido ni la resolución ni la concesión casi dos años después».
