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Agentes de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía en Huelva, en colaboración con la Inspección Pesquera de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), adscrita a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, ha intervenido 264 kilos de productos pesqueros ilegales, la madrugada del pasado 4 de agosto.
Según ha informado la Junta en una nota, en dicho operativo conjunto contra la comercialización de pescados inmaduros se inspeccionaron cinco vehículos. En uno de ellos se localizaron 236 kilos de pijotas (merluza inmadura), procediéndose a la inmovilización del vehículo utilizado para su transporte y distribución, así como a la tramitación de la correspondiente denuncia contra el tenedor de la mercancía ilegal.
Los ejemplares decomisados presentaban tallas de entre 18 y 26 centímetros, muy lejos de la longitud máxima que puede alcanzar la especie (Merluccius merluccius), fijada en torno a los 140 cm y 15 kg.
Además de las pijotas (merluzas inmaduras), los agentes incautaron 28 kilos de otras especies (coquina, almeja japonesa, longueirón, merluza, cazón, caballa, sardina, calamar) por carecer de la documentación necesaria (trazabilidad), desconociéndose el origen de los mismos. Como resultado del operativo, se han levantado cinco actas con infracción, todas ellas propuestas para sanción.
La Junta de Andalucía ha detallado que la comercialización de pescado que no alcanza la talla mínima exigida contraviene la Política Pesquera Común (PPC), cuyo objetivo fundamental es garantizar, entre otros, la sostenibilidad medioambiental del mar a largo plazo y proteger el medio de vida del sector pesquero.
Asimismo, la introducción de productos pesqueros de forma ilícita, sin pasar por las lonjas como centros autorizados para su primera venta, representa un grave riesgo para la seguridad alimentaria y la salud de los consumidores.
La tenencia, transporte, almacenamiento y venta de productos pesqueros inmaduros está tipificada como infracción grave, con sanciones económicas que pueden alcanzar los 60.000 euros.
Desde la Junta de Andalucía se recuerda la importancia de no adquirir ni consumir inmaduros en pescaderías, mercados de abastos, grandes superficies o establecimientos de restauración, apelando a la responsabilidad ciudadana para frenar la pesca furtiva y proteger la biodiversidad de nuestros mares.
