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La Guardia Civil, a través de los agentes de la Patrulla Fiscal y de Fronteras de Calahonda, llevó a cabo el pasado 15 de septiembre una inspección fiscal, en el marco de la operación Elektron, en un establecimiento mayorista de productos eléctricos, electrónica e informática en el polígono industrial de Ogíjares.
La actuación se centró en el control del etiquetado, el cumplimiento de los requisitos legales, la verificación de la importación legal de mercancías procedentes de terceros países y la detección de posibles irregularidades vinculadas a normativa de contrabando.
Durante la inspección, se localizaron un total de 8.853 pequeños electrodomésticos, artículos electrónicos y accesorios de telefonía que presentaban irregularidades en el etiquetado, lo que supone un incumplimiento de la normativa de importación en la Unión Europea.
El valor estimado de los productos asciende a más de 93.400 euros, por lo que fueron intervenidos y puestos a disposición de la autoridad competente.
Este comercio ya fue objeto de intervención hace dos años, cuando se incautaron más de 40.000 productos por irregularidades similares relacionadas con el etiquetado y la seguridad del consumidor.
Asimismo, el pasado 22 de septiembre, los agentes de la PAFIF de Calahonda, en coordinación con personal de la Unidad Veterinaria del Ayuntamiento de Granada y con la Inspección de Trabajo, llevaron a cabo una actuación conjunta de labor inspectora en dos establecimientos tipo supermercado de la capital granadina.
El operativo estuvo orientado a verificar que los productos puestos a disposición del consumidor cumplían las condiciones de salubridad y la normativa sanitaria vigente, así como a comprobar el cumplimiento de las obligaciones empresariales en materia de extranjeros, empleo y Seguridad Social, además de las relativas a prevención de riesgos laborales.
Durante las inspecciones se localizaron 9.195 cigarrillos electrónicos (vaper) que presuntamente presentaban irregularidades conforme a la Ley Orgánica de Represión del Contrabando, valorados en casi 43.500 euros, por lo que fueron intervenidos.
En el ámbito alimentario, fueron inmovilizados, conforme a la normativa sanitaria, aproximadamente 300 kilogramos de productos cárnicos, quesos y postres debido a irregularidades en su conservación acorde al etiquetado, incluyendo la ruptura de la cadena de frío.
En materia de extranjeros, empleo y Seguridad Social, se comprobó que varios empleados no cumplían los requisitos establecidos en cuanto a su alta y los datos de los trabajadores. Para cada una de los incumplimientos detectados, se levantaron las correspondientes actas, que posteriormente fueron remitidas a la autoridad competente en cada caso.
