La Guardia Civil ha investigado a un varón de 35 años como presunto autor de un delito contra la propiedad industrial tras una actuación desarrollada en un establecimiento comercial ubicado en el centro comercial Nevada Shopping de Armilla. Como resultado de las comprobaciones efectuadas, los guardias civiles localizaron numerosos juguetes, juegos de cartas, llaveros y peluches que reproducían marcas «ampliamente conocidas». Así, la actuación concluyó con la incautación de un total de 606 productos de distinta tipología, cuyo valor comercial ascendía a 10.972,99 euros.
Según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil de Granada en una nota, los agentes detectaron irregularidades en el etiquetado y otras deficiencias relacionadas con la calidad y terminación de los productos, circunstancias que hacían sospechar que pudieran tratarse de artículos falsificados y que, además, «no garantizaban el cumplimiento de los estándares de seguridad exigidos para su comercialización».
Concretamente, la actuación fue llevada a cabo por agentes de la Patrulla Fiscal y de Fronteras (Pafif) de Calahonda, dentro de los servicios que la Guardia Civil desarrolla para prevenir y perseguir el fraude, el contrabando y la comercialización de productos falsificados. Durante la inspección —realizada en una tienda física vinculada a una conocida plataforma internacional de comercio electrónico— los agentes examinaron diversos productos expuestos para su venta, entre ellos artículos de alimentación, bebidas, accesorios, pequeños electrodomésticos y juguetes.
No obstante, las gestiones posteriores realizadas por la Guardia Civil permitieron identificar al administrador de la empresa responsable del establecimiento en la fecha de la inspección. La complejidad de la investigación, derivada de los sucesivos cambios en la administración de la sociedad mercantil, obligó a prolongar las pesquisas hasta lograr la plena identificación del responsable.
Por último, la Guardia Civil ha destacado que «la comercialización de productos falsificados perjudica a los titulares legítimos de las marcas, supone una competencia desleal para el comercio legal y puede entrañar riesgos para la seguridad de los consumidores al no garantizar el cumplimiento de los controles de calidad y seguridad establecidos por la normativa vigente».
