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El empresario identificado como R.L., detenido el pasado mes de julio en una operación contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico desarrollada por la Guardia Civil en El Puerto de Santa María (Cádiz) ha salido en prisión tras aceptar el juez de la plaza número 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de El Puerto el recurso presentado el 18 de agosto por su abogado, José María Del Nido.
Tal y como ha explicado a Europa Press, el delito económico del que se le acusa «no tiene nada que ver con el delito de salud pública», es decir, no estaría relacionado con un delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, que podrían conllevar unas penas «superiores y elevadas».
El delito de blanqueo, del que sí existen indicios racionales de criminalidad, trae aparejado una pena de entre seis meses y seis años de prisión.
Esto ha servido también para motivar su petición de puesta en libertad al argumentar que «no existe motivo para mantener la situación de prisión provisional», al apuntarse además que no hay riesgo de reiteración delictiva al carecer de antecedentes relacionados con los hechos que investiga el juzgado.
En ese sentido, ha aseverado que no existe riesgo de fuga ni posibilidad de que su defendido se pueda sustraer a la acción de la justicia, además de no haber posibilidad de ocultación ni destrucción de pruebas porque «el juzgado tiene intervenidas las empresas de las que se dice que se han podido sacar el dinero que le fue intervenido», además de sus cuentas bancarias.
R.L. ha sido puesto en libertad con obligación de comparecer ante el juez cada 15 días y la prohibición de salir del territorio nacional, teniendo que entregar su pasaporte.
Del Nido ha trasladado que ahora están centrados en acreditar la inocencia del empresario portuense y que el dinero intervenido «se produce de una actividad legal» de ocio en El Puerto de Santa María.
Cabe recordar que a operación realizada a principios de julio por la Guardia Civil, con registros en oficinas y establecimientos hosteleros de El Puerto de Santa María y la petición de información de expedientes en instituciones públicas, se saldaba con once personas detenidas, además otra persona investigada.
De los once detenidos tres quedaron en libertad por parte de la Guardia Civil, mientras que los ocho restantes pasaban a disposición judicial. Así, el juez acordaba días después el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de dos de las personas detenidas, una de ellas R.L., quien ha permanecido en una cárcel de Málaga hasta su puesta en libertad este pasado martes.
Los otros seis detenidos quedaban en libertad provisional con la obligación de comparecer en sede judicial cuando sean llamados.
En este procedimiento se investiga la comisión de presuntos delitos de blanqueo de capitales en el marco de una organización criminal, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias.
