El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha vuelto a mostrar su preocupación por la situación que atraviesan las 102 familias residentes en el bloque de viviendas de la calle Jiménez Becerril número 27, después de que el inmueble haya sido adquirido por un fondo de inversión.
Según ha indicado el partido en una nota, ha comenzado a producirse las primeras comunicaciones de incrementos «desproporcionados» en los alquileres, «de más de un 30% según confirman los inquilinos».
El concejal socialista Nacho González ha recordado que el PSOE «lleva meses advirtiendo del riesgo» que suponía esta operación para los vecinos y vecinas del edificio, mientras el Gobierno municipal de José Luis Sanz «insistía en trasladar un mensaje de tranquilidad y aseguraba que no existían motivos para la preocupación».
«Hoy comprobamos que aquellas advertencias estaban más que justificadas. Algunos residentes ya están recibiendo avisos de fuertes subidas en sus alquileres, lo que agrava aún más la incertidumbre y la preocupación de estas familias», ha señalado González.
Para el PSOE, esta situación evidencia «la falta de compromiso del alcalde con uno de los principales problemas que afectan actualmente a la ciudadanía sevillana: el acceso a una vivienda digna y asequible».
«Nos preguntamos para quién gobierna el señor Sanz si no es para los vecinos y vecinas de Sevilla. Una vez más queda demostrado que su prioridad no es proteger el derecho a la vivienda ni garantizar la permanencia de las familias en sus hogares», ha afirmado el concejal socialista.
El PSOE ha indicado que durante el pasado Pleno Extraordinario sobre Vivienda celebraron una batería de 43 propuestas para «reforzar las políticas públicas de vivienda y evitar operaciones especulativas como la que afecta a este inmueble».
Entre ellas figuraban medidas para favorecer el ejercicio del derecho de adquisición preferente por parte del Ayuntamiento y evitar que viviendas protegidas pasen al mercado libre. El PSOE de Sevilla ha pedido al alcalde que «abandone la inacción y adopte todas las medidas posibles para proteger a las familias afectadas, garantizar su estabilidad residencial y evitar que la especulación inmobiliaria siga ganando terreno en la ciudad».
