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La causa abierta contra el juez ya jubilado Manuel Piñar por un supuesto delito de odio seguirá su curso hacia la celebración del juicio después de que la audiencia preliminar celebrada este jueves en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada haya concluido sin acuerdo de conformidad.
El juicio aún no tiene fecha de celebración, según han detallado a Europa Press fuentes judiciales tras la comparecencia, a la que ha acudido la representación letrada del exmagistrado pero no él al no tener obligación de hacerlo. Si se hubiera cerrado un acuerdo sí tendría que haber dado su conformidad personalmente ante el tribunal.
Su abogada ha planteado una serie de cuestiones previas que ahora el tribunal tendrá que resolver. A la sesión tampoco ha acudido la representación de la acusación particular, según detallan las mismas fuentes.
Piñar —conocido por la sentencia condenatoria a Juana Rivas y jubilado de forma voluntaria en 2024— está acusado de la presunta comisión de un delito de odio por unos supuestos comentarios despectivos hacia colectivos de migrantes y minorías étnicas a través de Facebook.
La causa se inició a raíz de la denuncia presentada contra el exmagistrado en septiembre de 2022 por la Asociación Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género Institucional, representada por el abogado Carlos Aránguez, que también ha defendido a Juana Rivas en sus diferentes procesos.
Piñar negó en su momento en sede judicial la autoría de las publicaciones en Facebook y enmarcó esta denuncia en una «persecución» hacia su persona.
La acusación particular solicita que sea condenado a 18 meses de prisión y multa de 6.600 euros, según consta en su escrito de acusación, consultado por Europa Press. La Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento provisional.
El caso se archivó en un principio y fue reabierto en 2023 por la Audiencia de Granada que, tras revisar el contenido de las publicaciones del juez que se recogen en la denuncia, sostuvo que algunas de ellas contienen «epítetos, calificativos o expresiones que se refieren de forma despectiva a ciertos grupos étnicos, razas o nacionales de ciertos países, los cuales, en caso de haber tenido la necesaria trascendencia pública, pudieran comportar una incitación a la discriminación o al odio contra esos colectivos».
De forma paralela, esta causa dio lugar a otras actuaciones judiciales relacionadas con el uso de mensajes privados, por posibles delitos contra la intimidad y falso testimonio, vinculados al grupo de Whatsapp que el despacho Aránguez Abogados mantiene con más de un centenar de periodistas y que amplió el marco del enfrentamiento judicial entre el abogado y el exmagistrado.
