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El alcalde de Burguillos (Sevilla), Domingo Delgado, ha advertido de una «nueva vuelta de tuerca» en el marco del conflicto con el fondo KSAC Europe Investments y la reclamación de 27 millones de euros merced a una sentencia judicial, dado que el mismo habría solicitado ahora a la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía la valoración de la «disolución de órganos» del Consistorio.
Según ha comentado Delgado este martes, 25 de agosto, en declaraciones a Europa Press, los responsables «no están siendo conscientes de la gravedad de su solicitud», que refiere la disolución de órganos en la referida Corporación local si el Ayuntamiento no ejecuta la sentencia en los términos considerados por esta parte.
Cabe mencionar que todo sucede a raíz de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número uno de Sevilla estimatoria de la demanda de la administración concursal de la extinta sociedad municipal Burguillos Natural, una resolución que condena al Ayuntamiento de la localidad, como socio principal de dicha entidad pública al poseer el 99,3 por ciento del accionariado, a «realizar las aportaciones al capital social» de la empresa concursada por importe de más de 13,58 millones de euros.
Según consta en el escrito de contestación del Ayuntamiento de Burguillos a la representación legal de KSAC Europe Investment y al escrito remitido a la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, el fondo llega a sostener que «existe una evidencia palmaria de las operaciones de maquillaje contable» que «supuestamente vendría realizando sistemáticamente el Consistorio».
Ahonda este escrito, llegarían a calificar la prórroga presupuestaria solicitada como una «ficción contable destinada a distorsionar la verdadera situación económico-financiera municipal» y «concluyen que el Ayuntamiento utiliza esa pretendida manipulación para alegar artificiosamente una carencia de fondos que le permita eludir el cumplimiento de una sentencia judicial».
De esta forma, según la información adelantada por ABC y confirmada por esta agencia, el primer edil defiende que el Ayuntamiento «no va a suscribir un préstamo de 27 millones de euros» para saldar esta deuda, un movimiento que «supondría el cierre» de este órgano, cuyas funciones quedarían relegadas casi exclusivamente al pago de la deuda.
Reitera así que suscribir estas condiciones y amortizar el préstamo en 12 años supondría un pago anual de 2,8 millones de euros. «Pero el Ayuntamiento ya está pagando 700.000 euros por otros préstamos, lo que elevaría los gastos financieros en este sentido hasta los 3,5 millones de euros». Todo ello, en el marco de un presupuesto de 5,4 millones de euros.
«Solo el capítulo de personal supone 3,2 millones. Es decir, no tendría ni tan siquiera para pagar los salarios. No voy a hacer ningún tipo de acuerdo en este sentido, aunque voy a hacer lo imposible para pagar esta sentencia, porque es mi obligación», ha detallado.
«Atribuir a una administración pública la realización sistemática de maquillaje contable no es una expresión inocua. Supone poner directamente en cuestión la legalidad y veracidad de su contabilidad, la actuación de los órganos responsables de su gestión económica-financiera y, necesariamente, la labor de la Intervención Municipal, órgano al que le corresponde legalmente el control interno de dicha entidad», señala el documento.
A juicio de Delgado, este nuevo capítulo responde a una estrategia de «presiones» por parte de la entidad. «Ni el agotamiento, ni los anuncios de acciones personales, patrimoniales o penales, ni la presentación reiterada de escritos ante cuantos organismos consideren oportunos va a conseguir que este alcalde adopte una sola decisión contraria a la Ley o a los informes de los funcionarios habilitados y técnicos municipales para satisfacer las presiones económicas de KSAC».
Por su parte, fuentes de la referida Consejería han confirmado la recepción de la carta remitida por el fondo de inversión y ha remarcado que la tutela financiera sobre los municipios es una competencia compartida entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas, correspondiendo al Estatal la gestión de los Fondos de Ordenación y la aprobación de sus planes financiero-económicos.
Al hilo, han indicado que se está trabajando en continua coordinación y colaboración con el Ayuntamiento para abordar sus necesidades financieras, con «prioridad absoluta garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales a la ciudadanía y reconociendo el esfuerzo del propio Consistorio por atender sus obligaciones dentro de sus posibilidades».
