La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Cádiz, ante las manifestaciones públicas relativas a la Escuela Infantil Virgen de la Luz de Tarifa (Cádiz), ha precisado que dicho centro "ha venido funcionando en cursos anteriores con ratios por de bajo de las establecidas por la normativa", al tiempo que ha asegurado que han garatnizado el acceso a plazas públicas "sin superar en ningún caso las ratios máximas establecidas por la normativa vigente".
Tal y como ha emitido el Gobierno andaluz en un comunicado, han recibido reclamaciones de familias solicitando la cobertura de todas las plazas autorizadas, con el objetivo de "facilitar el acceso al primer ciclo de Educación Infantil a un mayor número de niños".
En concreto, la Administración autonómica ha precisado que el centro contaba con seis alumnos en aulas de cero a un año, cuando la normativa marca un máximo de ocho; diez alumnos en unidades de uno o dos años, cuando el máximo se sitúa en trece y quince alumnos en aulas de dos o tres años, mientras que el límite es de 20.
"Asimismo, el centro tenía autorizado el funcionamiento de hasta ocho unidades, estando operativas únicamente seis, lo que suponía una infrautilización de los recursos disponibles", han apostillado.
En este sentido, han defendido que la actuación de la Junta "ha sido clara", respondiendo a la demanda existente de las familias. En contexto, en la actualidad, el centro cuenta con siete unidades en funcionamiento y mantiene sus ratios "plenamente ajustadas al Decreto 76/2025, sin que se haya producido modificación normativa alguna en este ámbito".
En este sentido, el informe del Servicio de Inspección Educativa ha señalado que "la plantilla del centro cumple con los requisitos legales, contando con el número de profesionales exigido en función de las unidades en funcionamiento", así como que "las ratios de alumnado se encuentran dentro de los límites establecidos, garantizando una atención educativa adecuada", mientras que "las instalaciones reúnen las condiciones exigidas de espacio, accesibilidad y organización, con aulas, zonas de descanso, comedores y patios adecuados para el desarrollo de la actividad educativa".
Al hilo, la Administración autonómica ha subrayado que no existe incumplimiento normativo alguno, sino "una adaptación del funcionamiento del centro a la capacidad autorizada y a la demanda real de las familias".
No obstante, la Delegación Territorial ha concretado que, para poder mejorar si cabe la atención al alumnado, ha adoptado medidas adicionales de refuerzo de la plantilla, entre ellas la incorporación de una Técnica Superior de Educación Infantil mediante traslado voluntario, efectiva desde el 24 de marzo, así como la cobertura previa de una plaza de personal de limpieza y mantenimiento.
"Estas actuaciones evidencian que la Administración educativa no solo garantiza el cumplimiento de la norma, sino que además refuerza el servicio cuando las circunstancias lo requieren", han valorado desde la Junta.
En relación con las reivindicaciones planteadas, la Delegación Territorial ha afirmado que las propuestas de incremento estructural de plantilla en los términos solicitados "no son viables, al no ajustarse al marco competencial ni a la planificación de recursos establecida", especialmente "cuando el centro ya dispone de los efectivos correspondientes a las ratios máximas autorizadas".
Asimismo, el centro ha recibido la indicación de la necesidad de actualizar su proyecto educativo y asistencial, con el fin de "adaptar la organización de espacios y recursos a la nueva realidad de escolarización, en el ejercicio de su autonomía organizativa".
En suma, la Delegación Territorial ha asegurado que respeta el derecho a la huelga, pero también tiene la responsabilidad de "garantizar el interés general, la correcta prestación del servicio público educativo y el acceso en igualdad de condiciones a las plazas disponibles".
En este sentido, se hace un llamamiento a la responsabilidad y al rigor, evitando trasladar mensajes que no se corresponden con la realidad del centro y la normativa de aplicación y que pueden generar "alarma innecesaria entre las familias".
En definitiva, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha avalado su compromiso con la Educación Infantil, con la "mejora continua del servicio público y con el derecho de las familias a acceder a plazas educativas en condiciones de equidad, calidad y legalidad".
