Hay una ley que marca la base de casi todo lo que pasa en las administraciones. Los entendidos la llaman solo 39/2015, los no tanto la nombran entera, Ley del procedimiento administrativo comĆŗn de las administraciones pĆŗblicas. Una de las cosas que establece es cĆ³mo deben ser las relaciones de la ciudadanĆa con las administraciones pĆŗblicas: cĆ³mo se cuentan los plazos, quĆ© tipos de recursos hay si no estĆ”s conforme con algoā¦ Y, tambiĆ©n,Ā cuĆ”ndo pueden obligarte, sĆ o sĆ, a presentar solicitudes u otros documentos online, sin posibilidad de ser atendido por alguien en persona.
La regla general de base es que cada ciudadano puede elegir realizar un trĆ”mite online o en persona, lo que prefiera, y no se le puede obligar a hacerlo por internet. Pero esa norma tiene excepciones. SĆ estĆ”n obligados a realizar sus trĆ”mites online las empresas u otras entidades, tambiĆ©n los profesionales colegiados, como notarios y registradores, o los empleados pĆŗblicos. AdemĆ”s,Ā las administraciones pueden obligar a que en un determinado proceso y para ciertos colectivos el trĆ”mite sea, sĆ o sĆ, digital. Pero, para hacerlo, tienen que tener en cuentaĀ Ā«su capacidad econĆ³mica, tĆ©cnica, dedicaciĆ³n profesional u otros motivosĀ» para que Ā«quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrĆ³nicos necesariosĀ».
La crisis sanitaria hizo que estas excepciones se ampliaran y muchos mĆ”s trĆ”mites pasaron a ser online. Un cambio que tenĆa sentido entonces, por razones evidentes, pero que ya no lo tiene tanto. Cuando se puso en marcha el Ingreso MĆnimo Vital (IMV), la Ćŗnica manera de pedirlo era por internet, y el telĆ©fono de atenciĆ³n para resolver dudas estaba casi constantemente colapsado, asĆ como los de los servicios sociales. Con el tiempo, aunque el proceso sigue siendo el mismo, las personas que lo necesiten pueden pedir cita en la Seguridad Social y ser atendidos por un ser humano para aclarar dudas o que les ayuden a presentar la solicitud. Si consiguen cita previa, claro.
Pero hay otras ayudas, mĆ”s recientes, que tambiĆ©n obligan a quienes las soliciten a tramitarlas online, incluso en casos en los que no queda del todo acreditado que todas las personas que deberĆan beneficiarse tengan, como dice la ley, Ā«capacidad econĆ³mica, tĆ©cnica, dedicaciĆ³n profesional u otros motivosĀ» que aseguren que tienen medios electrĆ³nicos y capacidad para usarlos.
El cheque de 200 euros a personas con bajos ingresos
A partir del 15 de febrero se podrĆ” pedir, en la sede de la Agencia Tributaria, el cheque de 200 euros para personas con bajos ingresos aprobado a final de aƱo. No es la primera vez que se pone en marcha esta medida. A finales de junio del aƱo pasado se creĆ³ por primera vez esa ayuda. Los decretos ley que los han ido aprobando ya establecen que la solicitud se tiene que presentar en la Sede ElectrĆ³nica de la Agencia Estatal de AdministraciĆ³n Tributaria.
La FundaciĆ³n Civio realizĆ³ una solicitud de informaciĆ³n esa primera vez para preguntarĀ si serĆa posible pedir la ayuda de forma presencial y, si no era asĆ, quĆ© habĆan tenido en cuenta para decidir que las personas que podĆan ser beneficiarias de esa ayuda tenĆan todos los medios para acceder a ellas, como marca la norma. La respuesta fue, como mĆnimo, sorprendente, empezando porque consideraron que no se trataba de una solicitud de informaciĆ³n amparada en la Ley de Transparencia (aunque no argumentan por quĆ© no creen que lo sea) para asĆ evitar explicar cĆ³mo se tomĆ³ esa decisiĆ³n. SegĆŗn ellos, inadmiten la pregunta porque es de Ā«carĆ”cter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta leyĀ» (algo que tampoco argumentan). Pero lo cierto es que la propia ley que citan, la de transparencia, establece entre sus objetivos que la ciudadanĆa conozca cĆ³mo se toman las decisiones, como tambiĆ©n ha reafirmado el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) en mĆŗltiples resoluciones.
Pese a negarse a responder, insisten en que el trĆ”mite es solo online porque lo dice el decreto ley que lo aprobĆ³. Y punto. El pasado mes de diciembre, la propia Agencia Tributaria firmĆ³ un protocolo de colaboraciĆ³n con la Plataforma de mayores y Pensionistas para ayudar en los trĆ”mites y garantizar que las personas mayores puedan acudir a citas presenciales para realizar sus gestiones.
Bono cultural joven
Pedir la ayuda de 200 euros fue bastante mĆ”s fĆ”cil que hacerse con el bono cultural joven, la tarjeta prepago de 400 euros para que quienes cumplieran 18 aƱos en 2022 los pudieran gastar en cultura. La norma era clara en un primer momento: solo se podĆa pedir online. AsĆ que preguntamos al Ministerio de Cultura y Deporte lo mismo: cĆ³mo se habĆa valorado que todas las personas de 18 aƱos tenĆan los medios para tramitarlo asĆ y si habĆa alternativas presenciales.
La respuesta, que llegĆ³ tarde porque alegaron que era una solicitud de informaciĆ³n compleja y/o voluminosa, dice que Ā«la cobertura digital del territorio es prĆ”cticamente ĆntegraĀ» y que Ā«los jĆ³venes estĆ”n habituados a trabajar con equipos telemĆ”ticos en sus centros docentes y a conectarse a las redes sociales o acceder a contenidos online en su vida cotidiana. La denominaciĆ³n generacional de nativos digitales estĆ” acuƱada desde los aƱos noventa del siglo pasado y es de plena aplicaciĆ³n a los jĆ³venes nacidos en 2004Ā».
Esa respuesta, que llegĆ³ en julio, aseguraba que no habĆa alternativas presenciales porque, venĆa a decir, no hacĆa falta: se les llama nativos digitales por algo. Pero el tiempo acabĆ³ por corregirles hasta el punto de verse obligados, ante las pocas solicitudes presentadas, a simplificar el proceso y llegar a permitir la gestiĆ³n presencial.
Primero, ampliaron 15 dĆas el plazo para pedir el bono cultural joven, del 15 al 31 de octubre. DespuĆ©s, el 22 de octubre, a solo nueve dĆas de que se acabara ese plazo final, llegĆ³ al BOE un decreto ley que modificĆ³ la Ley del procedimiento administrativo comĆŗn para poder poner en marcha un nuevo sistema de identificaciĆ³n de los solicitantes al dĆa siguiente, sin esperar los dos meses obligatorios para en este tipo de procesos. AsĆ, los jĆ³venes ya no tenĆan que usar el sistema Cl@ve o similares, bastante complejos, sino que se podĆan identificar de forma mĆ”s sencilla.
Durante la Ćŗltima semana del plazo, sobre la bocina, se pudo utilizar un sistema mĆ”s sencillo. La razĆ³n, segĆŗn la propia norma, era facilitar Ā«el acceso a estas ayudas por parte de los beneficiarios, simplificando la obtenciĆ³n de los medios necesarios de identificaciĆ³n y firma, con el objetivo de garantizar la mĆ”s alta participaciĆ³n de los jĆ³venes en el programaĀ».
Gracias a esos cambios, no solo se podĆa pedir online sin necesidad de usar el sistemaĀ Cl@ve, sinoĀ incluso de forma presencial en las oficinas de Correos, que ha sido elegida para gestionar esas tarjetas. Al final, aunque fuera tarde y contra lo que argumentaba el propio Ministerio en su respuesta, la decisiĆ³n de utilizar un sistema online con identificaciĆ³n avanzada para losĀ nativos digitalesĀ no fue la correcta. ComoĀ afirmĆ³ el propio ministro, Miquel Iceta, Ā«el proceso se hacĆa digitalmente, pero habĆa algĆŗn cuello de botella y habĆa jĆ³venes que no conseguĆan acceder a su solicitudĀ».
Correos se lleva mƔs de 1.700.000 euros por las gestiones
AdemĆ”s de los encargos a la FĆ”brica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) para la colaboraciĆ³n en la gestiĆ³n tecnolĆ³gica y a TRAGSATEC para el apoyo en la gestiĆ³n de las ayudas, el Ministerio de Cultura eligiĆ³ a Correos para que pusiera en marcha el sistema de tarjetas prepago. Lo hizo vĆa convenio, en lugar de firmar un contrato, pese a que en su nota de prensa la entidad habla de que āha ganado la licitaciĆ³n pĆŗblicaā. Lo que se puso en marcha es un procedimiento para elegir entidad colaboradora, sin las reglas de un contrato pĆŗblico, mĆ”s estrictas. Este texto establece quĆ© se le paga a Correos: 300.000 euros de base y cinco euros mĆ”s por cada tarjeta, hasta dos millones y medio. Al final, dado que hubo muchos menos beneficiarios que los esperados, el monto asciende a algo mĆ”s de 1.700.000 euros.
Al final, solo 281.557 jĆ³venes accedieron al bono cultural joven, un 58% de los posibles beneficiarios, comoĀ informĆ³ El PaĆs. Y buena parte de ellos lo consiguieron gracias a los cambios para simplificar el proceso de Ćŗltima hora. Ā«Hemos hecho varias cosas que han ido aligerando el procedimiento. Hemos pasado de la clave avanzada a la simple, para facilitar la identificaciĆ³n, hemos ampliado el periodo de adhesiĆ³n y abrimos la posibilidad de gestiĆ³n presencial. De la experiencia de este aƱo hemos de aprender rĆ”pidamente porque al aƱo queremos volver a ponerlo en marchaĀ», admitiĆ³ Iceta.
La Ley del procedimiento administrativo comĆŗn, con la que arrancĆ”bamos este artĆculo, tambiĆ©n establece el derecho de los ciudadanos Ā«a ser asistidos en el uso de medios electrĆ³nicos en sus relaciones con las Administraciones PĆŗblicasĀ». El problema es cuando esa asistencia se limita a vĆdeos y folletos explicativos y no hay un ser humano al otro lado para ayudar y solventar dudas.