Golpe a una red que defraudaba millones con móviles: 15 detenidos y 9 000 teléfonos intervenidos

Una macrooperación conjunta de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria ha desmantelado una red criminal que defraudaba el IVA en la compraventa de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos. El fraude, que podría superar los 20 millones de euros, se articulaba a través de un sofisticado entramado de empresas fantasma, envíos falsos y facturación ficticia por toda España.

En total, 15 personas han sido detenidas: cinco en Málaga, cinco en Valencia, dos en Madrid y una en Sevilla, Cádiz y Barcelona, respectivamente. Además, los agentes han intervenido 9 000 teléfonos móviles listos para su venta, más de 200 000 euros en efectivo, 35 500 dólares en criptodivisas y 75 vehículos.

Un fraude en cadena con cajas vacías y envíos con agua

La investigación, bautizada como operación Backmobile, arrancó en 2019 tras detectar movimientos sospechosos en el mercado de telefonía. La red empleaba más de 20 sociedades mercantiles —muchas sin actividad real— para simular operaciones comerciales. Compraban móviles en el extranjero o en grandes superficies aprovechando ofertas, y luego fingían múltiples reventas entre empresas interpuestas.

El truco: los terminales no viajaban realmente. Para justificar las entregas, usaban paquetes que contenían madera o botellas de agua con el mismo peso que figuraba en las facturas. Así mantenían la apariencia de legalidad mientras borraban el rastro de los productos.

Finalmente, los móviles acababan en el mercado como dispositivos reacondicionados, vendidos a precios más bajos que los de la competencia, tanto en España como en otros países europeos. Para cerrar el círculo, aplicaban indebidamente el Régimen Especial de Bienes Usados (REBU), reduciendo aún más la carga fiscal.

Lujo, ladrillo y criptodivisas

El análisis patrimonial reveló el destino final de las ganancias: inversión masiva en inmuebles por toda España. La Justicia ha bloqueado ya 146 propiedades y más de 280 cuentas bancarias vinculadas a la red.

La fase final de la operación tuvo lugar a finales de mayo, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga. En total, se realizaron 23 registros simultáneos en domicilios y sedes de empresas repartidas por Málaga (9), Valencia (4), Sevilla (3), Madrid (3), Cádiz (2) y Barcelona (2).

El golpe ha sido ejecutado por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, junto a personal de la Dependencia Regional de Inspección de la Agencia Tributaria en Andalucía, y coordinado por el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción.