Podemos exige saber si la Policía denunció el desalojo ilegal en Gómerez

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El portavoz de Podemos en Granada, Salvador Soler, ha registrado una pregunta dirigida a la concejala de Protección Ciudadana, Ana Agudo, para saber si la Policía Local ha puesto en conocimiento de la Fiscalía los hechos ocurridos el pasado 8 de julio en la Cuesta de Gomérez. Según la denuncia del colectivo vecinal La Leva, un grupo de individuos vestidos de negro, acompañados de un perro de raza peligrosa y actuando con evidente violencia, irrumpieron en una vivienda y expulsaron a la familia que la habitaba, sin orden judicial ni intervención policial que lo respaldara.

Los implicados pertenecerían, según las mismas fuentes, a la empresa de seguridad privada Blackhound Professional Services, con sede en Granada. Las acciones intimidatorias, siempre según el colectivo, habrían comenzado el 12 de junio, cuando estos individuos bloquearon la entrada del edificio causando incluso lesiones a una persona. El 2 de julio intentaron forzar la entrada en plena luz del día. Los vecinos alertaron entonces a la Policía Local, argumentando su derecho legal a residir en el inmueble.

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El punto álgido se produjo el 8 de julio: dos miembros del grupo accedieron al edificio por una ventana, portando porras extensibles y profiriendo amenazas de muerte. La familia fue finalmente desalojada por la fuerza, en una actuación que, según Podemos, «solo podría haber sido ejecutada legalmente bajo mandato judicial y por fuerzas de seguridad públicas».

Salvador Soler subraya que, si la Policía Local presenció estos hechos —como aseguran los vecinos—, está obligada a levantar acta y trasladar el caso al juzgado o al Ministerio Fiscal. «No se puede permitir que operativos privados asuman funciones propias del Estado, ni que la Policía mire hacia otro lado cuando se vulneran derechos fundamentales», advierte.

El portavoz insiste en la necesidad de reforzar la formación en derechos humanos y constitucionales dentro de los cuerpos policiales. «La ciudadanía necesita confiar en que las fuerzas de seguridad actúan para protegerla, no para permitir que se imponga la ley del más fuerte», concluye.

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