Explorando la crisis de vivienda en Granada: la calle nunca debe ser un hogar

El Ayuntamiento de Granada ha aprobado una moción, presentada por VOX y asumida por el PP, supuestamente, para combatir la ocupación ilegal de viviendas, presentándola como una solución urgente a un problema que, sin embargo, los datos desmienten. Según las cifras, la ocupación ilegal en la ciudad afecta a apenas 60 viviendas de las 20 000 vacías registradas, es decir, un 0,3% y, básicamente, se corresponde con viviendas vacías de bancos y fondos buitre. Estos números evidencian que la alarma social promovida por las instituciones carece de base estadística sólida y responde más a un relato mediático que a una realidad estructural.

La contradicción fundamental de esta medida radica en su enfoque punitivo, que criminaliza a personas en situación de vulnerabilidad, mientras se ignora deliberadamente el verdadero escándalo: la existencia de 20 000 viviendas vacías en una ciudad con graves carencias de acceso a la vivienda digna. En lugar de abordar este acaparamiento especulativo —que priva el acceso a la vivienda a familias trabajadoras y jóvenes de forma asequible—, el consistorio opta por medidas represivas, priorizando los intereses de grandes propietarios sobre los derechos sociales.

Para las asociaciones «LA CALLE MATA y STOP DESAHUCIOS 15M GRANADA CENTRO» la solución de aislar y alejar a las personas sin hogar de los lugares donde reciben asistencia alimentaria y médica es profundizar en la exclusión que puede llegar a ser extrema y no solo refleja una absoluta falta de empatía, sino también una miope visión política: sin alternativas habitacionales ni alquileres sociales con aval público municipal, más personas podrían verse abocadas a la ocupación forzosa, aumentando paradójicamente el fenómeno que el ayuntamiento pretende erradicar.

El doble rasero es evidente: se persigue con dureza a quienes ocupan viviendas vacías —muchas veces familias en emergencia—, mientras se tolera que miles de propiedades sigan inutilizadas con fines especulativos. Además, al recortar servicios sociales, como el albergue, se profundiza la exclusión y se vulnera el derecho a una vida digna, consagrado en la Constitución y en tratados internacionales de derechos humanos.

En lugar de invertir en políticas paliativas de criminalización, Granada debería impulsar medidas audaces: tasas a las viviendas vacías, expropiaciones temporales para uso social o la reconversión de inmuebles abandonados en alquileres públicos asequibles. Estas acciones, combinadas con el refuerzo de servicios sociales, atacarían las causas estructurales de la exclusión residencial.

En conclusión, la moción aprobada no solo es desproporcionada, sino éticamente reprobable. Convierte a las víctimas del sistema arrendatario especulativo en culpables y normaliza la violencia institucional contra los más pobres. Granada merece un modelo urbano que no expulse a su gente, sino que garantice techo y dignidad para todas. Mientras el Ayuntamiento (PP-VOX) gobierne para la especulación y no para las personas, su discurso contra la ocupación sonará a hipocresía pura.