PSOE, Sumar, Podemos y PNV han mostrado este martes su rechazo a la proposición de ley de Vox que propone reformar el Código Civil para que la situación de desamparo de menores se dictamine por vía judicial en lugar de por resolución administrativa.
En la proposición de ley, el partido de Santiago Abascal justifica la propuesta aludiendo a «un aumento de los casos de abuso y explotación sexual de menores tutelados en España en el ámbito de la protección de menores».
En defensa de la proposición de ley, el diputado de Vox Jorge Campos ha asegurado que «el horror» de los centros de menores tutelados «sacude a toda España» y ha enumerado casos de «abusos, agresiones, celdas de castigo, fugas, consumo de drogas y niñas tuteladas prostituidas».
«Son más de 1.100 los menores tutelados por las autonomías los que han denunciado abusos sexuales desde el año 2019, más de 1.100 los que han denunciado, añadan todos los que no denuncian. Es terrorífico», ha advertido.
Además, ha reprochado que el coste de cada menor tutelado es de media de 7.000 euros al mes, «el doble de lo que costaría enviarlo a un internado de lujo en Inglaterra», y ha denunciado que se están retirando tutelas a padres, no por «razones objetivas graves» sino «por negarse a que su hijo reciba educación sexual, por cuestiones de género o porque no va correctamente vestido».
En el turno de fijación de posiciones, la diputada del PSOE, Emilia Almodóvar, ha comenzado su intervención señalando que «un violador es un violador independientemente de su nacionalidad», para después tachar de «farsa» la iniciativa de Vox que, a su juicio, convierte en «sospechosos» a los trabajadores sociales y en «delincuentes» tanto «al menor como a las familias» y plantea una «deportación disfrazada de protección». Por ello, ha mostrado su rechazo a la proposición de ley aunque ha reconocido que el sistema de protección necesita «un debate serio».
Mientras, desde el PP, el diputado Óscar Clavell ha contestado a la diputada socialista que «un violador también es un violador independientemente de con quién esté casado», en referencia a «Mónica Oltra» y, en cuanto a la iniciativa de Vox, ha señalado que tiene «aspectos positivos» como «la prioridad en el entorno familiar» pero también «negativos» como que la intervención de un juez «resta agilidad», por lo que ha apostado por «buscar un punto intermedio» entre «la eficacia y la garantía».
Desde Sumar, el diputado Nahuel González ha acusado a Vox de lanzar «bulos» y «barbaridades» al decir que «se retiran tutelas en este país por llevar camisetas, por tener educación sexual» y ha pedido a los de Abascal que «saquen sus manos» de «la herida dolorosa» de los centros de menores, que utilizan, a su juicio, como «munición ideológica» y para «sembrar sospechas sobre los servicios sociales». «La infancia tutelada no necesita menos Estado, necesita mejor Estado», ha subrayado.
Por su parte, la diputada de Podemos Noemí Santana ha acusado a Vox de «sembrar odio» contra los menores extranjeros tutelados y de «mentir» pues «en ningún caso a las familias se les retira la tutela de un niño por cuestiones ideológicas». En todo caso, ha coincidido en que hay que «repensar» el sistema de protección y priorizar el acogimiento familiar, ayudando a los abuelos o tíos que se quieren hacer cargo de estos menores pero no pueden económicamente.
Desde el PNV, el diputado Mikel Legarda ha mostrado su rechazo a la eliminación de cualquier referencia a la violencia de género de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, y ha advertido de que «los casos de abuso y explotación nada tienen que ver con quien realiza la declaración de desamparo ni quién decrete la tutela supletoria, sino con medidas del propio acogimiento y con la propia situación de los menores». «Nada influiría en la disminución de estos casos que la declaración de desamparo y constitución de la tutela se realice judicialmente», ha zanjado.
