La Red Española contra la Trata de Personas (RECTP), que agrupa en torno a 30 entidades sociales especializadas, han exigido que la ley contra la trata sea una prioridad la próxima legislatura y ha llamado a defender la igualdad en las urnas el 29 de noviembre.
La Red lleva más de diez años trabajando para que el Estado español cuente con una norma legal que aborde de manera integral esta «grave forma de violencia y vulneración de derechos» y que contribuya a la protección y asistencia de las víctimas y supervivientes.
En este sentido, ha recordado que, en los últimos años, se han desarrollado diversos intentos para alcanzar la aprobación de una ley integral contra la trata y la explotación de seres humanos en España: en 2022, en 2023 y, por última vez, en 2024.
De hecho, en marzo de 2024, el Consejo de Ministros aprobó (en primera vuelta) el texto del Anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos. «Durante todo este tiempo, se han acumulado numerosos retrasos en el proceso. Ahora, transcurridos más de dos años y medio, la actual legislatura llega a su fin con la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el próximo 29 de noviembre. Y esta norma seguirá siendo una asignatura pendiente para nuestro país», ha explicado la Red.
Igualmente, para la Red, es «urgente e imprescindible» desbloquear esta situación, con el consenso de todos los partidos políticos, para aprobar en la próxima legislatura una ley integral contra todas las formas de trata y explotación de seres humanos, «sin más retrasos ni dilaciones».
«Para esta plataforma el Estado español no puede ignorar por más tiempo sus compromisos y obligaciones con los derechos de las víctimas y supervivientes de trata y explotación», ha aseverado.
Además, a su juicio, «no es suficiente con esta ley, sino que es necesario un marco normativo integral amplio que asegure la protección de las víctimas, incluyendo el diseño de un nuevo Plan Estratégico Nacional contra la Trata de Seres Humanos y la mejora del actual sistema de acreditación administrativa de víctimas, entre otras cuestiones».
En esta líneas, las entidades que conforman la Red han pedido a los partidos que incluyan estas demandas en sus programas electorales de cara a las próximas elecciones generales y han llamado también a que la aprobación de esta ley sea recogida como prioridad en futuros acuerdos de investidura o de gobierno de coalición.
Igualmente, han animado a la ciudadanía a ejercer el derecho al voto «de manera informada y responsable» y defender en las urnas la igualdad y los Derechos Humanos de todas las personas, «sin ningún tipo de discriminación».
Del mismo modo, la Red ha recuperado datos oficiales publicados por el Ministerio del Interior que revelan que en España las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado identificaron en 2025 a 1.869 víctimas, incluyendo a 28 menores de edad.
«Esta cifra representa un aumento representativo en comparación con los datos recogidos el año anterior. Sin embargo, dichos datos reflejan solamente la punta del iceberg del problema», ha avisado la Red.
Según la Oficina Contra las Drogas y el Delito de Naciones Unidas, por cada víctima identificada existen 20 más sin identificar. «Y este número se incrementa considerablemente si tomamos en cuenta los datos proporcionados por las entidades sociales especializadas en su labor de detección de posibles víctimas de trata y/o explotación», ha advertido.
Las entidades que conforman la Red son Accem, Amar Dragoste, Amnistía Internacional, Antena Sur contra la trata (RASCT), APRAMP, Asociación Trabe, Cáritas, CEAR, Cruz Roja, Diaconía, FAPMI, Federación Mujeres Progresistas, Federación Sur Acoge, FIET, Fundación APIP-ACAM, Fundación CEPAIM, Fundación Cruz Blanca, Fundación de Solidaridad Amaranta, Médicos del Mundo, Mujeres en Zona de Conflicto, Nueva Vida, Oblatas,Nuevo Hogar Betania, Programa Daniela - Oblatas, Themis y Villa Teresita.
