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La coalición #NiUnDesahucioMás —que engloba a más de 100 organizaciones sociales por el derecho a la vivienda— ha reclamado la aprobación, este martes, de un Real Decreto-ley sobre vivienda «valiente» y «ambicioso» que incluya «la recuperación de la moratoria que pararía miles de desahucios de personas vulnerables» y medidas para «afianzar los contratos de arrendamiento indefinidos que impongan límites a la actualización anual de la renta».
«La prioridad de estas medidas debe ser rescatar a las familias que viven en ellas y aumentar el parque público permanente de vivienda de protección oficial», subraya la coalición, al tiempo que advierte de que «no es el momento de plantear medidas descafeinadas».
Según señala en un comunicado, las movilizaciones multitudinarias por el derecho a la vivienda en varias localidades de España junto a la acampada permanente en la Puerta del Sol de Madrid «evidencian el hartazgo de la gente sobre la situación de la vivienda en España, especialmente tras el desahucio de la semana pasada de Maricarmen».
Por ello, las organizaciones exigen que el Real Decreto incluya «como mínimo»: una moratoria de desahucios «permanente»; soluciones «estructurales» para superar la «emergencia residencial»; renovación «automática» de los contratos de alquiler en vigor como medida preventiva y «congelación» de los precios de los alquileres, limitando las actualizaciones anuales de la renta.
Asimismo, reclaman al poder judicial que se «suspendan desahucios sin alternativa habitacional en situaciones de vulnerabilidad» y apelan a la responsabilidad de los grupos políticos a la hora de votar en el Congreso el texto que pueda aprobar este martes el Consejo de Ministros.
Para la coalición, existen opciones que deberían ser estudiadas y desarrolladas, como «adoptar nuevas regulaciones centradas en limitación de la compraventa especulativa» para garantizar que las viviendas sirvan para vivir en ellas, o activar políticas y líneas de actuación centradas en «la movilización de viviendas, sea por adquisición mediante tanteo y retracto, expropiación u otras vías».
En la misma línea, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España (EAPN-ES) ha reclamado que el nuevo Real Decreto-ley en materia de vivienda «se traduzca en una protección efectiva para las personas y familias que afrontan mayores dificultades para acceder y mantenerse en una vivienda».
En un comunicado, EAPN-ES recuerda algunos datos de su 'XVI Informe sobre el Estado de la Pobreza 2026', como que, en 2025, las personas en pobreza que vivían de alquiler a precio de mercado destinaban de media «el 51,4%» de sus ingresos a la vivienda o que «12,6 millones de personas, el 25,7%» de la población, están en riesgo de pobreza o exclusión social.
Por ello, reclama que el decreto incorpore «mecanismos temporales de contención de los precios del alquiler, que permitan frenar el crecimiento del sobreesfuerzo residencial mientras se desarrolla una hoja de ruta de mayor alcance para recuperar la asequibilidad».
EAPN-ES destaca que, desde 2014, el precio medio del alquiler ha aumentado «un 43,8%», mientras que las rentas reales por persona lo han hecho «un 20,3%», menos de la mitad.
Asimismo, la Red considera «prioritario reforzar la protección frente a los desahucios de personas y familias vulnerables cuando no exista una alternativa habitacional adecuada» y reclama «ampliar el marco de la vulnerabilidad y mejorar la estabilidad temporal de los contratos de alquiler, incorporando mecanismos más eficaces de protección frente a la expulsión residencial».
