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ONG de infancia han expresado su «máxima preocupación» ante la situación en Ceuta y han pedido «que ningún niño, niña o adolescente quede sin protección, un alojamiento adecuado, atención especializada o apoyo psicosocial». También han advertido de que no se pueden realizar repatriaciones colectivas de menores.
En concreto, UNICEF España ha expresado su «máxima preocupación» por los últimos acontecimientos en Ceuta y urge «a que se pongan en marcha ya los mecanismos necesarios que aseguren la responsabilidad compartida de las distintas administraciones públicas para garantizar los derechos de los niños y niñas migrantes».
Además, ha recordado que las repatriaciones de niños y niñas menores de edad no acompañados «solo pueden valorarse en el marco de una evaluación individual del interés superior del niño». «Nunca pueden ser colectivas y están sometidas a fuertes garantías jurídicas previstas por la legislación en vigor», han advertido desde UNICEF.
La ONG, que desde hace una década monitoriza el impacto de las crisis humanitarias migratorias en la infancia migrante, subraya la «necesidad de que España se dote de mecanismos que aseguren responsabilidades compartidas en relación con la gestión de las crisis y la garantía de los derechos de la infancia migrante».
«La protección de esta infancia tan vulnerable que llega a través de diferentes puntos de nuestras fronteras, es una responsabilidad del Estado en su conjunto», ha indicado a Europa Press el director ejecutivo de UNICEF España, José María Vera.
Así, UNICEF España pide la adopción de «políticas de contingencia, coordinación y colaboración interadministrativa e interinstitucional, mecanismos eficaces de traslados y unidades estatales técnicas de apoyo temporal durante las emergencias».
En este sentido, está impulsando la propuesta de UMAIME (Unidad Multidisciplinar de Apoyo a la Infancia Migrante en Emergencias) junto al Gobierno español desde hace varios meses.
Según señala UNICEF, citando cifras oficiales, solo durante las primeras semanas de julio se había registrado «un repunte muy alto de entradas, concretamente 505 niños y niñas en su mayoría procedentes de Marruecos», aunque también había casos de otros países como Sudán, Guinea, Senegal y Siria. Asimismo, alerta del riesgo de trata que afrontan algunos de ellos.
Por su parte, Save the Children también ha pedido «poner la protección de la infancia en el centro de la respuesta en Ceuta» garantizando «que ningún niño, niña o adolescente quede sin protección, un alojamiento adecuado, atención especializada o apoyo psicosocial».
Además, la organización pide que los menores sean «identificados cuanto antes» y «derivados de forma rápida a los recursos de protección». En paralelo, considera prioritario habilitar «nuevos espacios de acogida y agilizar los traslados a otras comunidades autónomas» para que Ceuta pueda recuperar la plena capacidad de su sistema de protección.
«Cuando aumenta la llegada de niños y niñas, la prioridad debe ser protegerles. Ningún niño o niña puede pasar una sola noche sin un lugar seguro donde dormir, sin atención especializada o sin que se evalúe su situación y sus necesidades de protección», ha señalado la especialista de migraciones en Save the Children, Jennifer Zuppiroli.
También reclama «una respuesta coordinada» entre el Gobierno central, la Ciudad Autónoma y el resto de comunidades autónomas para garantizar «un apoyo extraordinario» que permita una atención adecuada desde el primer momento.
Asimismo, Save the Children recuerda que es fundamental asegurar «el correcto reconocimiento de la minoría de edad, identificar de forma temprana las situaciones de mayor vulnerabilidad, como posibles situaciones de separaciones familiares, infancia víctima de trata, niños y niñas que puedan necesitar protección internacional o menores con necesidades específicas de apoyo».
Además, ante las informaciones sobre un posible acuerdo entre España y Marruecos para la devolución de personas migrantes, la organización recuerda que, en el caso de la infancia no acompañada la legislación española establece «un procedimiento específico para su repatriación, que en ningún caso o circunstancia puede saltarse» y que «exige una evaluación individualizada de cada caso» de forma que cualquier decisión responda al interés superior del niño.
La organización señala que «la justicia ya ha declarado ilegales las repatriaciones que se llevaron a cabo en 2021 justamente por no haber cumplido con todos los pasos y garantías previstos por el procedimiento».
