La Plataforma de Infancia ha instado al Gobierno de Aragón a «revocar» la medida por la que retira la ayuda semanal a menores migrantes no acompañados que residen en centros del sistema de protección de la comunidad autónoma, y ha anunciado que se dirigirá al Defensor del Pueblo para trasladarle su «preocupación» por esta decisión.
En un comunicado publicado este miércoles, la Plataforma de Infancia ha indicado que, de confirmarse, esta medida «podría vulnerar el principio del interés superior del niño, que debe guiar toda actuación de las administraciones públicas en materia de infancia».
Asimismo, advierte de que la retirada de estas ayudas en función del origen o la nacionalidad de las niñas, niños o adolescentes «podría suponer una vulneración del principio de igualdad y no discriminación reconocido por la normativa nacional e internacional».
Las organizaciones de infancia muestran, además, su preocupación «por el incremento de los discursos de odio contra la infancia migrante no acompañada» y subrayan que «las instituciones públicas tienen la responsabilidad de contribuir a un debate público respetuoso con los derechos humanos, evitando medidas o mensajes que puedan fomentar su estigmatización».
Por su parte, Amnistía Internacional España ha calificado la medida del Gobierno de Aragón de «extremadamente grave» y ha dirigido una carta al presidente de Aragón «para recordar que las niñas y niños extranjeros no acompañados bajo la tutela de una administración pública no pueden sufrir ningún tipo de discriminación por razón de su nacionalidad u origen».
«Esto supone una clara violación de derechos humanos, de la Constitución Española y de varias leyes estatales y autonómicas. Según el principio de no discriminación, no cabe ningún tipo de medida que establezca una diferencia de trato que carezca de justificación objetiva o razonable para excluir o limitar el acceso de algunas personas a determinadas prestaciones», ha subrayado la organización en su cuenta de la red social 'X'.
Según ha indicado, «los expertos indican que la asignación de una paga semanal se configura como una medida educativa que tiene como objetivo el aprendizaje de gestión económica». Por ello, considera que retirar esta asignación únicamente a la infancia migrante, «además de ser una medida claramente discriminatoria, tan solo contribuye a ahondar en su estigmatización y señalamiento».
