El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha asegruado que España aplicará el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entra en vigor este viernes 12 de junio, «con un enfoque garantista y respetuoso» con los derechos de los migrantes y solicitantes de protección internacional.
Así ha señalado el Ministerio del Interior que lo trasladará la delegación española que participa este jueves y viernes en la Conferencia Ministerial organizada por la presidencia chipriota de la UE, en Nicosia, con motivo de la entrada en funcionamiento del pacto.
«El 12 de junio marca una fecha clave en este camino común, pero no es el punto final», ha destacado Marlaska, que ha agradecido a todos los equipos ministeriales implicados en la implementación del pacto y, en especial, a los de Interior el «esfuerzo» realizado en los dos últimos años.
El ministro de la cartera de Interior, que ha excusado su presencia en Chipre debido a la visita papal, se ha comprometido a seguir trabajando en los «ajustes y mejoras que requiere el reto migratorio, preservando siempre el equilibrio entre solidaridad y responsabilidad».
España ha reiterado la oposición del Gobierno a la creación de los centros de internamiento en terceros países que permite el nuevo Reglamento de retorno, aún pendiente de adopción definitiva, y ha descartado su utilización en la gestión migratoria española. De hecho, el pasado 4 de junio, durante la celebración del Consejo de Ministros de Interior en Luxemburgo, ya trasladó a los socios comunitarios su rechazo a esta medida por las «serias dudas» sobre su «legalidad y proporcionalidad».
En la cita en Luxemburgo, Marlaska expresó su preocupación por la puesta en marcha de estos centros, con convenios no vinculantes y «sin garantías» para los derechos de las personas, y por su impacto en la «credibilidad y eficacia» de las relaciones bilaterales de los Estados miembros, «clave» en la política migratoria de países que, como España, apuestan por la cooperación.
El acuerdo político sobre el nuevo pacto migratorio europeo se alcanzó el 20 de diciembre de 2023, durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. El pacto está integrado por nueve reglamentos y una directiva que abordan la gestión migratoria, desde los procedimientos fronterizos hasta el retorno, la protección internacional y la resolución de crisis en los ámbitos de la migración y el asilo.
Entre sus novedades, introduce por primera vez una regulación europea común sobre el triaje de los nacionales de terceros países con el objetivo de reforzar el control de las personas llegadas irregularmente, el registro de sus datos y la detección temprana de vulnerabilidades.
