Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo (gobiernos) han logrado este lunes un acuerdo político sobre la reforma que ampliará el número de delitos considerados abuso sexual infantil y explotación sexual de menores, además de alargar las penas para los casos más graves y ampliar los tiempos para que las víctimas puedan denunciar lo sufrido antes de que el delito prescriba.
El nuevo marco, que necesitará aún el visto bueno formal de la Eurocámara y de los Veintisiete para su adopción definitiva, establece un periodo más amplio para la investigación y el enjuiciamiento de delitos, a la luz de que muchas de las víctimas necesitan años, si no décadas, para dar el paso de denunciar.
Por ello, los delitos más graves —como la prostitución de menores o la violación con penetración— serán castigados con al menos diez años de prisión y no prescribirán hasta 32 años después de que la víctima haya cumplido la mayoría de edad.
Para la mayoría de los delitos contemplados en la legislación y punibles con entre 5 y 10 años, el plazo de prescripción será de 20 años a contar a partir de la mayoría de edad de la víctima; mientras que ese plazo se reducirá a 15 años para el resto, incluida la producción de material de abuso sexual.
Además, la reforma adapta la legislación a nuevos tipos de delito que se desarrollan en el entorno digital, como la producción o difusión online de manuales sobre cómo abusar sexualmente de un menor o la explotación e incitación a cometer dichos abusos; delitos que serán castigados con al menos dos años de prisión.
También se penalizará el uso de sistemas de inteligencia artificial diseñados o adaptados específicamente para producir material de abuso sexual infantil, de modo que se castigará con hasta dos años de prisión el adquirir, poseer o difundir estos sistemas de IA.
Asimismo se recogen penas de hasta un año de cárcel por organizar viajes de terceros a otro país para que sean sometidos a abusos.
Según ha explicado la Eurocámara en un comunicado, a diferencia de la directiva vigente, la nueva ley también aborda la captación de menores con fines sexuales, por lo que proponer una cita con un menor de edad será punible cuando derive en delitos (hasta un año de prisión o dos años si se utiliza coacción, fuerza o amenaza).
Asimismo se perseguirá el intento de captación a través de Internet para que un menor proporcione material de abuso sexual infantil (hasta seis meses de prisión o un año si se utiliza coacción, fuerza o amenaza) o la transmisión en directo de abusos o la extorsión sexual.
En lo que a prevención y protección de las víctimas se refiere, la revisión de la legislación comunitaria garantiza que los Estados miembro implementen un apoyo especializado y adecuado para las víctimas, que serán reconocidas como «supervivientes» de abuso.
Los países de la UE se esforzarán por asegurar que las víctimas infantiles tengan acceso a evaluación, apoyo y protección en un entorno adaptado a la infancia y, siempre que sea posible, en las mismas instalaciones. Las víctimas también tendrán derecho a reclamar una indemnización a los agresores, y deberán existir líneas de ayuda disponibles para informar sobre el apoyo disponible.
