La Plataforma del Tercer Sector, que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, ha hecho un llamamiento a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para que «respalden, con el máximo consenso», el proyecto de Ley de reforma de la legislación sobre discapacidad y autonomía personal y la atención a la dependencia, que se aborda esta semana en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo.
La Plataforma del Tercer Sector se suma así a la petición realizada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), entidad miembro de la Plataforma.
Tras cerca de diez meses de recorrido en el Congreso de los Diputados, la Comisión de Derechos Sociales y Consumo debatirá este jueves el texto que incorpora parte de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios. Si obtiene el respaldo necesario, se elevará al Pleno del Congreso para su aprobación y su posterior remisión al Senado.
La reforma superó el pasado martes la fase de ponencia, con la aprobación de las enmiendas, sin el apoyo de PP y Vox, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.
Las mismas fuentes puntualizaron que «los grupos minoritarios han entendido la necesidad de su aprobación» y confían en que «en Comisión y Pleno todos los grupos voten a favor de esta ley».
El Grupo Socialista ha celebrado que esta ley «empiece a ver la luz», tras el trabajo parlamentario, que es «fruto del diálogo con las personas dependientes y las personas con discapacidad, que reclamaban este acuerdo parlamentario para su posterior aprobación definitiva en pleno».
Por su parte, fuentes del PP explicaron a Europa Press que habían retirado sus enmiendas transaccionales y votado en contra de la Ponencia «porque sigue sin contar con memoria económica». En este sentido, consideran que aprobar nuevos servicios y prestaciones sin memoria económica ni presupuestos «solo crea frustración».
Además, afirman que el último Real Decreto aprobado «no sirve para compensar ni siquiera el dinero que debe a las comunidades autónomas con la ley actual».
En concreto, fue el pasado 11 de diciembre cuando el Pleno del Congreso dio luz verde a la toma en consideración de este Proyecto de Ley, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tras rechazar una enmienda a la totalidad presentada por Junts, con la que proponía devolver el texto al Gobierno. Todos los grupos parlamentarios votaron en contra de esta enmienda, excepto PP y Vox que se abstuvieron.
Desde entonces, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha apelado en repetidas ocasiones al consenso político y ha asegurado que el proyecto contará con la financiación necesaria. Precisamente, el Gobierno aprobó la semana pasada en Consejo de Ministros un Real Decreto Ley con «la mayor inversión en dependencia de la historia de la democracia»: 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027.
Entre las mejoras que prevé la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, destaca la incorporación de más servicios y prestaciones al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y la supresión del régimen de incompatibilidades en las prestaciones de la dependencia que se introdujo en el año 2012.
También establece la teleasistencia como un derecho, amplía la ayuda en el domicilio e incorpora medidas para desburocratizar los procesos administrativos, como la eliminación de cargas administrativas al equiparar automáticamente la dependencia a la situación de la discapacidad.
