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El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) ha solicitado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que establezca excepciones o canales alternativos de notificación para colectivos vulnerables ante la obligatoriedad de recibir notificaciones electrónicas.
La entidad ha mostrado su «preocupación» por las consecuencias de la norma para solicitantes o perceptores de incapacidad temporal, incapacidad permanente o lesiones permanentes no incapacitantes, que pasan a estar obligadas a recibir notificaciones electrónicas.
En este sentido, ha advertido de que esta medida puede afectar especialmente a personas mayores, personas con discapacidad, personas en situación de dependencia, ciudadanos con escasa alfabetización digital y personas que carecen de acceso a internet o de dispositivos electrónicos.
Asimismo, considera que «la digitalización de la Administración debe ir acompañada de garantías reales para evitar que miles de ciudadanos queden excluidos del acceso efectivo a sus derechos».
Igualmente, ha recordado que «muchas personas en situación de incapacidad temporal o permanente presentan dificultades físicas, sensoriales, cognitivas o económicas que limitan su capacidad de relacionarse electrónicamente con la Administración».
De la misma manera, ha alertado de que la obligación de consultar las notificaciones a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social puede provocar la pérdida de plazos para presentar alegaciones, reclamaciones o recursos cuando la persona afectada no tenga conocimiento efectivo de la notificación.
«Esta situación puede derivar en escenarios de indefensión material, especialmente cuando se trata de procedimientos relacionados con altas médicas, incapacidades o prestaciones económicas esenciales para la subsistencia de los afectados», ha avisado.
El CEDDD ha reconocido que la norma incorpora medidas de apoyo, como el envío de avisos electrónicos o la asistencia presencial en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social. No obstante, ha expuesto que es «insuficiente» que la única alternativa práctica para quienes no pueden acceder a medios digitales sea desplazarse físicamente a una oficina pública o depender de terceros para conocer el contenido de sus notificaciones.
Finalmente, ha señalado que es «imprescindible» compatibilizar la modernización administrativa con los principios de igualdad, accesibilidad universal, no discriminación y protección de las personas más vulnerables.
