El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, ha abogado por incrementar los recursos europeos y contar con niños y adolescentes en el diseño de las políticas que afectan a su vida para combatir la pobreza infantil.
Así lo ha expresado este jueves en Nicosia (Chipre), durante la Conferencia de Alto Nivel No Child is Left Behind: Promoting Child Well-Being and Combating Child Poverty.
Durante el acto, organizado por la Presidencia chipriota del Consejo de la Unión Europea, los Estados miembros de la UE han abordado cómo reforzar la Garantía Infantil Europea y avanzar en políticas públicas capaces de combatir la pobreza infantil desde una perspectiva integral.
En este marco, España ha defendido la necesidad de incrementar los recursos europeos destinados a infancia y de consolidar una respuesta común que combine inversión sostenida, cooperación entre administraciones y participación infantil.
De la misma manera, Pérez ha destacado el papel de esta herramienta para situar la pobreza infantil en la agenda política europea y reforzar la coordinación entre administraciones, servicios públicos y sociedad civil. Asimismo, ha abogado por avanzar hacia políticas integradas y preventivas, que permitan acompañar a las familias, reforzar los servicios públicos y actuar sobre las condiciones materiales que condicionan el bienestar infantil.
También ha destacado el incremento del coste de la vivienda, las condiciones de vida «inestables» de muchas familias y las «desigualdades» que afectan de forma específica a niños con discapacidad, la infancia gitana, la infancia migrante o refugiada y las personas menores de edad que viven en territorios con menos acceso a servicios y oportunidades.
En este sentido, ha defendido que «niñas, niños y adolescentes no pueden ser solo beneficiarios de las políticas públicas, si no que tienen derecho a expresar sus opiniones, aportar su experiencia y participar en las decisiones que afectan a sus vidas».
Finalmente, ha trasladado que el éxito de la Garantía Infantil Europea dependerá de mantener una «cooperación sólida» entre los Estados miembros y de asegurar un compromiso presupuestario «suficiente». «Para España, invertir en infancia es una condición imprescindible para reforzar la cohesión social, reducir desigualdades y garantizar derechos desde las primeras etapas de la vida», ha concluido.
