Varias ONG que trabajan con personas migrantes han señalado la integración, la reagrupación familiar o el acceso efectivo a los servicios de salud mental para la infancia, entre las dificultades a las que se enfrenta la población migrante en España, con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes, que se celebra este jueves 18 de diciembre.
En concreto, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha denunciado las «barreras legales, administrativas y económicas» que tienen que superar las personas refugiadas para que se les garantice el derecho a la unidad familiar y a vivir en familia.
«La reunificación familiar sigue siendo un proceso lento que puede llevar tiempos de espera de años y plantea numerosos desafíos prácticos, como los elevados costes que suponen los billetes de viaje o la expedición de documentación requerida, que CEAR estima entre los 500 y 2.000 euros», advierte.
A esto hay que añadir, según indica, los «requisitos restrictivos» como el que limita la extensión o reagrupación familiar a los ascendientes en primer grado (padre y madre), descendientes en primer grado menores de edad (hijos e hijas), cónyuges y personas asimiladas, y miembros de la familia respecto de los cuales se acredite la dependencia y la existencia de convivencia previa en el país de origen. «Esto deja fuera a muchas personas», avisa CEAR.
Por ejemplo, pone el caso de Mahdia, una mujer afgana que tras tres años de espera logró traer con el apoyo jurídico de CEAR a su hermana y a sus tres sobrinas en España. «Todos los días estaba mandando mensajes para saber qué podía hacer. Aquí por fin están a salvo: podrán ir al colegio, vivir tranquilamente sin preocuparse por las bombas o de los talibanes. Allí vivían con depresión, porque no hay ningún futuro para ellas en Afganistán», señala.
Para las personas palestinas de Gaza que tienen reconocida la extensión familiar el proceso es aún más complejo, según CEAR, porque sus familias permanecen atrapadas en la Franja. «Soy incapaz de pensar en un futuro sin mi marido», comenta Tahreer, una mujer gazatí que fue evacuada junto sus hijos e hijas para que pudieran recibir tratamiento médico de urgencia.
Ante estas situaciones CEAR reclama que las futuras reformas legislativas necesarias para adaptar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) —que entrará en vigor en junio de 2026— refuercen el derecho a la vida en familia de las personas refugiadas.
Entre otras medidas, pide ampliar la extensión familiar a parientes cercanos, incluyendo como miembros de la familia a hermanos y hermanas, hijos e hijas mayores de 18 años y personas adultas dependientes; establecer un plazo máximo de tres meses para la tramitación de la extensión familiar desde un tercer país o facilitar salvoconductos a las personas reagrupadas en los casos en que no puedan obtener o renovar su pasaporte.
Mientras tanto, la organización pide el apoyo de la ciudadanía a través de la campaña ‘El abrazo más esperado’, con el objetivo de poder afrontar los elevados costes que suponen los traslados de las familias. Durante este año, CEAR ha asesorado jurídicamente a 754 personas refugiadas en el trámite de extensión familiar, presentando a lo largo del año 187 solicitudes. Además, apoyó económicamente 19 reagrupaciones familiares, en las que llegaron 65 personas en total.
Responsabilidad compartida
Por su parte, Cruz Roja pone el acento en reconocer las contribuciones que las personas migrantes hacen a la sociedad y apuesta por trabajar en su «integración activa» desde «un enfoque intercultural y bidireccional», entendiendo la integración como «una responsabilidad compartida por los que llegan y por los que acogen».
La ONG pone como ejemplo el caso de Óscar, originario de Venezuela y voluntario activo de Cruz Roja en La Rioja, donde colabora en proyectos de concienciación y acompañamiento y ocio para jóvenes, niños y niñas; el de Mostafa, de Marruecos, que desde el País Vasco ejerce como intérprete de árabe para las personas que solicitan información o ayuda a la Organización, o el de Massuma, que llegó hace 10 meses a España desde Afganistán y ahora participa como voluntaria en el proyecto de Infancia Hospitalizada en Ciudad Real.
Según destaca Cruz Roja, estos son sólo tres ejemplos de las más de 40.527 personas voluntarias de origen extranjero (18% del total) de Cruz Roja que han decidido aportar su tiempo y habilidades en beneficio de la sociedad de acogida.
El objetivo de Cruz Roja, según indican, es ayudar brindando acompañamiento y capacitación a estas personas para que puedan desenvolverse en su vida diaria. Para ello, ofrecen asesoría jurídica para orientar sobre la situación administrativa, les apoyan en la búsqueda de empleo, promueven el aprendizaje del idioma y su participación en actividades de ocio.
Hasta noviembre de 2025, Cruz Roja Española ha acompañado en estas iniciativas a 152.979 personas migrantes (231.245 personas en 2024) y 44.864 personas solicitantes de asilo y refugio (48.496 personas en 2024).
Apoyo psicológico frente al trauma
Mientras, la Plataforma de Infancia ha apostado por garantizar «apoyos psicológicos continuos, culturalmente adecuados y adaptados» a la infancia y adolescencia migrante expuesta a la violencia, como maltrato físico o emocional, pobreza extrema, trabajo infantil o explotación sexual.
«La atención a la salud mental no puede ser un añadido ni un lujo: es un derecho fundamental y una obligación legal para los Estados», ha subrayado la responsable de incidencia política de la Plataforma de Infancia, Almudena Escorial.
En un informe publicado este martes, la Plataforma de Infancia pone el foco en la vulnerabilidad específica de las niñas y adolescentes no acompañadas, que enfrentan riesgos adicionales como matrimonios forzados, explotación sexual o embarazos precoces.
«El abordaje actual sigue mostrando graves carencias. Desde el momento de su llegada, las niñas, niños y adolescentes no acompañados encuentran obstáculos administrativos y jurídicos que dificultan su acceso a la atención psicosocial», ha advertido Escorial.
La organización señala que el sistema público de salud mental no está debidamente preparado para responder a la complejidad del trauma migratorio ni a las expresiones culturales del sufrimiento psíquico. «Cuando una chica o un chico llega tras un viaje marcado por la violencia, lo que menos puede esperar es un sistema que le dé la espalda. Necesitamos estructuras estables, coordinadas y con enfoque transcultural», ha añadido Escorial.
Impacto en la infancia
Por otro lado, Save the Children ha advertido de que la actual política migratoria de la Unión Europea «no solo perpetúa la violencia, la explotación y las experiencias traumáticas, sino que a menudo los agrava».
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En una investigación, titulada ‘Atravesando el peligro: riesgos acumulados y daño psicológico para los niños migrantes’, la ONG examina las rutas de niños que pasan de Sudán a Egipto, de Libia a Grecia y la ruta de los Balcanes, y advierte de que los estrictos controles fronterizos exponen a los menores a los traficantes.
«Quienes sobreviven a la travesía a menudo tampoco encuentran seguridad en Europa. Los niños y niñas son invisibles para las autoridades y los sistemas de protección», señala la experta en migraciones de Save the Children, Jennifer Zuppiroli.
Asimismo, la ONG ha dado a conocer este miércoles un análisis que señala que uno de cada dos niños y niñas migrantes que murieron en rutas peligrosas en 2025 murió por ahogamiento. «Las rutas migratorias siguen siendo letales para la infancia», denuncia la experta.
Según este análisis, que cita datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 278 menores murieron desde el inicio de 2025 mientras se encontraban en rutas migratorias, de los cuales 136 fallecieron en el mar.
