El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha impuesto este lunes a Correos nuevas medidas de control para la tramitación de solicitudes dentro del proceso de regularización extraordinaria de migrantes.
Según el documento remitido por Inclusión a Correos, al que ha tenido acceso Europa Press, se establecen dos nuevas obligaciones que afectan tanto al personal como a la forma en que se presentan las solicitudes.
La primera medida exige que todo el personal implicado en la tramitación firme una «Declaración individual y nominal de compromiso de confidencialidad, cumplimiento de instrucciones y medidas de seguridad». Este documento deberá cumplimentarse una sola vez por empleado, incluyendo sus datos personales -nombre, apellidos y número de identificación profesional (NIP)-, así como la fecha y la firma. Se trata de un documento de carácter interno que será custodiado exclusivamente por Correos y que no se adjuntará a las solicitudes ni se facilitará a las personas interesadas.
La segunda modificación afecta directamente al proceso de presentación de solicitudes. A partir de ahora, será obligatorio incorporar desde el inicio un documento de consentimiento firmado por el ciudadano que autorice la identificación y firma por parte del personal habilitado. Este consentimiento deberá adjuntarse a cada expediente, tanto si se utiliza el modelo EX-31 como el EX-32.
En este punto, las instrucciones especifican que el personal de Correos deberá cumplimentar los datos correspondientes al apartado reservado a la Administración. No obstante, Correos ha acordado con Inclusión aplicar el principio de minimización de datos, al introducir cambios en la identificación del personal.
De este modo, en lugar de consignar el nombre y apellidos de la persona habilitada, el modelo incorporará de forma pre cumplimentada la denominación social de la entidad. Asimismo, el número de DOI será sustituido por el NIP del empleado que realice la gestión, mientras que la firma se reemplazará por el sello de fechas de la oficina.
El Consejo de Ministros aprobó el 14 de abril el Real Decreto del proceso de regularización administrativa extraordinaria de personas migrantes que ya residen en España. La autorización obtenida dará derecho a trabajar en cualquier sector y lugar del país durante un año y se prevé que se puedan beneficiar 500.000 extranjeros.
El plazo de solicitud se abrió el 16 de abril, con el inicio de la tramitación de solicitudes telemáticas. Mientras, el 20 de abril se empezaron a atender citas previa para la vía presencial. El plazo de solicitudes para ambas vías estará abierto hasta el 30 de junio.
