MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS -
La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres ha advertido de que la supervisión del uso de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género «no puede basarse en denuncias externas».
En este sentido, ha valorado «positivamente» que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género atienda, «de forma más sistemática», las demandas, quejas y denuncias de organizaciones de mujeres sobre los usos indebidos de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Igualmente, ha celebrado que se estén identificando usos indebidos de esos fondos y que se estén adoptando medidas como requerimientos de subsanación a varios ayuntamientos por haber gastado ese dinero en actuaciones no financiables y que se realicen acciones formativas para mejorar la gestión de estos recursos públicos.
«Se trata, sin duda, de un paso necesario que responde a una preocupación sostenida del movimiento asociativo de mujeres, que ha documentado públicamente estos casos, entre otras vías, a través de herramientas como el mapa interactivo creado y actualizado por la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres», ha subrayado.
Respecto al mapa, la organización ha explicado que este recoge ejemplos de «mala praxis» en cerca de 250 ayuntamientos en los que, según Contra el Borrado, los fondos no se han destinado a la prevención, la sensibilización y la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
Precisamente, la organización recoge una información de Europa Press sobre gastos no financiables del Pacto de Estado detectados por el departamento que dirige Ana Redondo, con actividades como talleres de macramé o estuches de manicura.
Para la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres resulta «motivo de preocupación» que la detección de estos casos se realice en la Delegación «a partir de las denuncias que recibe».
«Este extremo pone de manifiesto una debilidad relevante en el sistema de control. El primer Pacto de Estado contra la Violencia de Género ya establecía la obligación de que las entidades locales justificaran cada actuación financiada mediante fichas detalladas, indicando su correspondencia con las medidas del Pacto y aportando la documentación acreditativa correspondiente», ha expuesto la organización.
Del mismo modo, ha avisado de que la supervisión del uso de los fondos «no puede depender de denuncias externas ni de la iniciativa de terceros», sino que, a juicio de la organización, corresponde a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género desarrollar un sistema de seguimiento sistemático, basado en la información que las propias administraciones están obligadas a remitir.
«Si la identificación de irregularidades descansa en la denuncia ciudadana, se produce una inversión inadecuada de responsabilidades, en la que son las organizaciones y la ciudadanía quienes acaban asumiendo una función de vigilancia que corresponde a la Administración», ha argumentado.
Esta situación, para Contra el Borrado, «no solo limita la eficacia del control, sino que compromete la confianza en una política pública que requiere el máximo rigor, dado su impacto directo en la protección de las mujeres frente a la violencia».
La organización reconoce «el paso» dado por el Ministerio de Igualdad, pero considera «imprescindible» reforzar los mecanismos de control, garantizar la trazabilidad de los fondos y asegurar que cada actuación financiada tenga una «relación directa, verificable y justificada» con los objetivos del Pacto de Estado.
«Cerrar adecuadamente este circuito -financiación, ejecución, seguimiento y evaluación- es una condición indispensable para preservar la eficacia de esta política pública y garantizar que los recursos destinados a combatir la violencia contra las mujeres cumplen verdaderamente su finalidad», ha concluido.
