El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, ha defendido este lunes en Bruselas la necesidad de que la financiación para los proyectos enfocados a la juventud en la Unión Europea no sólo se mantenga en el próximo presupuesto comunitario sino que se «refuerce», al tiempo que ha reclamado que las políticas de participación «se concreten» y se cuente con los jóvenes en el diseño de las medidas que les afectan, por ejemplo de cara al debate en curso sobre los límites de acceso a las redes sociales o en el diseño del Cuerpo Europeo de Solidaridad.
«Estamos viendo con muchísima preocupación la dinámica que están generando las redes sociales en nuestros jóvenes y creemos que el debate regulatorio también tiene que llegar a las políticas de juventud, pero no se podría hacer sin contar con ellos», ha argumentado Pérez Correa en declaraciones a la prensa a su llegada a una reunión de ministros de Educación y Juventud de la Unión Europea.
Así, el Gobierno aboga porque el próximo marco financiero plurianual de la Unión (MFF, por sus siglas en inglés) no sólo «mantenga» las partidas para iniciativas clave para la juventud, como el programa Erasmus+, sino que el bloque apueste por «reforzar» esa inversión y responder a la «demanda» de los jóvenes europeos para potenciar este tipo de iniciativas, pero también para que «las políticas de participación se concreten en el diseño de políticas europeas» desde su fase inicial, y no sólo cuando llega el momento de su despliegue.
«La participación juvenil no puede ser sólo un elemento que se sacralice en las leyes, pero que luego no se utiliza como elemento de construcción de las propias leyes», ha insistido Pérez Correa, quien ha recordado que, en el marco de este debate, España defiende ante el resto de los Veintisiete que el Cuerpo Europeo de Solidaridad debe ser reforzado, no ya como una parte del programa Erasmus+, sino con un capítulo específico y autónomo que vaya más allá de su dimensión educativa.
De este modo, el Gobierno considera que el Cuerpo Europeo de Solidaridad tiene que tener «autonomía tanto financiera como orgánica» con respecto al programa de intercambio del sector educativo y ha confiado en que en el curso de los debates a Veintisiete sea posible llegar a un «consenso», al tiempo que ha incidido en que debe entenderse este proyecto como un elemento que «refuerza» las políticas de solidaridad internacional, y «no necesariamente vinculado a la educación».
En este contexto de reforzar la participación y voz de los jóvenes en el diseño de políticas europeas desde una visión transversal, Pérez Correa también ha apuntado la conveniencia de contar con los jóvenes en la reflexión sobre los límites del acceso a las redes sociales y ha avisado de que no se puede «abordar la limitación de acceso sin ellos».
