El Gobierno señala que «no constan» instrucciones entre el Ministerio del Interior, Policía Nacional y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre los «riesgos» de la regularización extraordinaria de migrantes.
«Se indica que no constan instrucciones entre el Ministerio del Interior, Policía Nacional y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ni comunicaciones oficiales de instituciones europeas sobre los riesgos de la regularización para el espacio Schengen», asegura el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria escrita a una batería de preguntas de Vox.
En concreto, Vox pide conocer los motivos por los que el Gobierno considera que el acceso a documentos relacionados con la regularización resultan de carácter «secreto o reservado».
Además, la formación que lidera Santiago Abascal pregunta si «ocultar» esta documentación es «compatible con los principios de transparencia y control parlamentario», así como si los documentos cuyo acceso ha sido denegado «contienen información que podría afectar a la Seguridad Nacional de España».
Según se desprende del texto, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo explica que «la declaración de secreto o reservado de documentos internos es una clasificación que tienen todos los documentos que afectan a la estructura, organización, medios y procedimientos operativos específicos de los servicios de información, así como sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlas».
Del mismo modo, hace referencia al Acuerdo de Consejo de Ministros, de 28 de noviembre de 1986, por el que se clasifican determinados asuntos y materias con arreglo a la Ley sobre Secretos Oficiales, ampliado por Acuerdos del Consejo de Ministros de 17 de marzo y 29 de julio de 1994.
Asimismo, añade que los informes, notas técnicas, evaluaciones de riesgo o documentos internos elaborados por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la Unidad de Coordinación de Relaciones Internacionales (UCRI) o el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), de la Policía Nacional son informes de inteligencia, que entrarían en esta declaración genérica desde 1986.
Igualmente, detalla que los informes, notas y documentos internos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) sobre cómo operan las redes de trata de seres humanos, así como otras redes de delincuencia vinculadas a la inmigración irregular están sujetos también a este acuerdo.
«Así, todos estos acuerdos de los Consejos de ministros de 1986, 1994 y 2014 están plenamente vigentes y se consideran necesarios para poder gestionar la información sobre el conjunto de operativos de las FCSE (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado)», subraya.
