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El Pleno del Congreso de los Diputados se ha dividido este martes durante el debate de la Proposición no de Ley del PP para instar al Gobierno a la implementación íntegra y urgente del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Mientras los 'populares' —con el apoyo condicionado de Vox y Junts—, han denunciado «caos» e «incompetencia» del Ejecutivo en Ceuta, la izquierda del bloque de investidura, liderado por PSOE y Sumar, ha cerrado filas en contra de la iniciativa, con críticas de la mayoría al reglamento de retornos.
En concreto, la diputada del PP, Maribel Sánchez, ha subrayado que «la insostenible situación que está viviendo Ceuta hace más necesario que nunca que de una vez implementen íntegramente el Pacto europeo de migración y asilo». A su juicio, el Gobierno tiene pendiente «todo lo importante» como «los triajes, la infraestructura, el refuerzo de los agentes en frontera y los nuevos procedimientos de asilo y retorno».
Al mismo tiempo, ha acusado al Ejecutivo de «mezquino» por querer «cronificar» la crisis que vive Ceuta desde la entrada masiva del pasado 30 de julio y ha afeado al Gobierno que tiene «todos los instrumentos» para «devolver a todos» los migrantes de Ceuta, «mayores o menores».
Por su parte, el diputado del PSOE Luc Andre Diouf ha rebatido al PP argumentando que ya están en marcha los planes de implementación del pacto y ha acusado a los 'populares' de intentar «dividir» y apostar por «discursos de odio».
«Qué extrema crueldad es hablar de invasión ante una crisis humanitaria mientras sus cargos territoriales muestran su peor rostro racista, negándose a mover un dedo para ayudar a Ceuta. Déjense de circo, asuman la gestión», ha pedido.
Por parte de Sumar, el diputado Enrique Santiago ha precisado que «el debate no es el retorno como instrumento de la política migratoria» sino «sus límites, duración, condiciones de la detención, garantía de los recursos, principio de no devolución, protección de niños, familias y otras personas vulnerables» y ha añadido que no van a «apoyar un derecho de excepción para Ceuta».
Mientras, el diputado de Vox Carlos Flores ha lamentado que la proposición del PP llega «tarde y se queda corta» porque considera que el pacto europeo «quedó obsoleto» y porque, a su juicio, «la regulación masiva» del Gobierno «ha torpedeado todos los consensos posibles y ha convertido en papel mojado el contenido de este pacto».
Desde ERC, el diputado Francesc-Marc Álvaro ha acusado al PP de querer «endurecer y retorcer aún mas» todo lo que se deriva del pacto europeo que, a su juicio, «traiciona el espíritu fundacional de la UE» y ha afeado al PP que presenta esta propuesta porque es «prisionero de Vox». También ha afeado al Gobierno su política migratoria y ha tachado de «vergonzoso que toleren, como gobierno progresista, las palizas de militares españoles a migrantes en la ciudad de Ceuta».
Además, el diputado de EH-Bildu Jon Iñárritu ha advertido de lo «peligroso» del reglamento de retorno del pacto europeo. «Si son malos los centros Meloni en Albania, son igual de malos los centros Marlaska en Mauritania», ha subrayado, al tiempo que ha criticado también al PP por pedir solidaridad entre los Estados miembros de la UE y no tenerla en las CCAA donde gobierna.
En esta línea, la diputada Noemí Santana ha calificado de «farsa» la propuesta del PP porque considera que los 'populares' deberían «empezar hablando de la de la insolidaridad de sus gobiernos, de los gobiernos del Partido Popular con los territorios receptores como Canarias, como Ceuta y como Melilla».
Por su parte, el diputado de Junts Josep Maria Cervera ha coincidido con el PP en que la política migratoria «seria» es aquella capaz de «hacer efectivas las decisiones de retorno de quien no tiene derecho a permanecer en la UE» pero ha pedido las competencias en inmigración para Cataluña.
Asimismo, el diputado del PNV Mikel Legarda ha mostrado su apoyo a la iniciativa del PP subrayando que el Gobierno debería dar cumplimiento a lo que se le insta, «excepto en los reglamentos de retorno» pues, a su juicio, «no se consideran suficientemente los derechos humanos».
Mientras, la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido ha apuntado que aunque el pacto europeo plantea «avances», no pueden firmar «un cheque en blanco» porque recoge aspectos que no les «gustan nada» y porque no van a permitir que conviertan a los territorios frontera «en grandes centros de retención».
