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La ponencia encargada de elaborar el texto definitivo del Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales —que prohibiría el acceso de menores de 16 años a redes sociales— continuará sus trabajos en la Comisión de Justicia del Congreso «en las próximas semanas», después de que los grupos parlamentarios hayan mantenido este martes una nueva reunión para debatir y negociar las enmiendas presentadas a la norma.
Fuentes socialistas han señalado a Europa Press que la ponencia sigue avanzando con el resto de grupos en la elaboración del texto, con la incorporación de las enmiendas planteadas por las formaciones parlamentarias, aunque por el momento no se ha acordado una fecha concreta para concluir los trabajos.
Entre las medidas se encuentra la prohibición de acceso de los menores de 16 años a redes sociales con contenidos dañinos, así como el refuerzo de la persecución de la suplantación de identidad y de la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, cuya redacción definitiva los socialistas están negociando con el resto de fuerzas políticas.
Los grupos parlamentarios ya se reunieron en ponencia antes del verano, y fuentes del PSOE dijeron entonces que salían «satisfechos» por el «acuerdo entre las formaciones de la mayoría progresista de la Cámara y al haber incorporado las enmiendas y transaccionales socialistas a la nueva ley».
Entre las enmiendas registradas, PSOE y Sumar acordaron prohibir el acceso a redes sociales que incluyan «contenidos dañinos para la infancia y adolescencia» a menores de 16 años.
En concreto, el texto pone el foco sobre la responsabilidad de las plataformas digitales, que deberán demostrar ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que no utilizan diseños adictivos, que no exponen a los menores de edad a contenidos o conductas prejudiciales, que protegen su privacidad y que ofrecen herramientas efectivas frente a contactos no deseados.
En cualquier caso, señala que para poder acceder a las plataformas autorizadas por la CNMC, los menores de 16 años deberán contar también con la autorización de sus padres o tutores legales.
A través de enmiendas, los socios de Gobierno también han incorporado a la ley la tipificación en el Código Penal de la manipulación de los algoritmos para amplificar contenido dañino. Así, se convierte en delito que una plataforma y servicios intermediarios utilicen sus algoritmos para amplificar contenidos lesivos, entre otros, los que incitan al suicidio o a la autolesión, los contenidos de abuso sexual infantil, deepfakes sexuales o delitos de odio.
Asimismo, se introduce que los directivos que conozcan ese efecto y no actúen serán penalmente responsables y añade que ignorar una orden de retirada de contenidos ilícitos —judicial o administrativa— tendrá igualmente consecuencias penales.
En una entrevista reciente con Europa Press, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, explicó que han hecho «un esfuerzo» desde el Gobierno por «situar la responsabilidad donde corresponde», en «las grandes plataformas» y no sobre las familias.
«Esto no puede seguir siendo la ley de la selva. Por tanto, son las plataformas, son las redes sociales las que tienen que garantizar que el entorno es seguro y por tanto el límite lo tienen que gestionar ellos, no las familias. Es decir, nosotras lo que abogamos es por limitar el grado de acción de las grandes plataformas, de las tecnológicas y de los caudillos digitales», insistió.
Si bien, Rego, que es «partidaria de hablar de regulación más que de prohibición», explicó que «mientras todo esto se ordena», tienen que ser «más exigentes a la hora de que los niños y niñas accedan al entorno digital» para protegerles de unas plataformas que se mueven, según advierte, en una «ley de la jungla».
Además, aparte de la prohibición, Rego aboga por «mecanismos de pedagogía, de acompañamiento a través de la Estrategia Nacional de Entornos Digitales Seguros para familias, para el entorno familiar» y por que haya «alternativas a los entornos digitales».
Según precisó, «no se trata» de decir un «no radical» a los entornos digitales ni de «ir a posiciones maximalistas de rechazo» pero sí de «que haya una garantía absoluta de que el entorno digital es seguro para niños y niñas, a medida que van madurando y van entrando». «Que sea un proceso gradual, un proceso acompañado y un proceso con garantías», remarcó.
Coincidiendo con la tramitación de esta ley en el Parlamento español, el pasado 16 de septiembre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció una propuesta para vetar las redes a los menores de 13 años en toda la Unión Europea y permitirles el acceso con restricciones hasta los 15.
Ese acceso limitado será a partir de «mini cuentas, instaladas y vigiladas por los padres», con restricciones en los ajustes de las plataformas que garanticen un uso limitado, por ejemplo, según explicó. Además, de 15 a 18 años podrán acceder mediante un diseño adaptado que deberán ofrecer las plataformas para garantizar que navegan bajo un modelo de seguridad reforzada.
«Soy consciente de que el poder de los gigantes tecnológicos parece abrumador e imposible de revertir. Y no estoy de acuerdo. No tenemos que aceptar funciones adictivas y no tenemos que aceptar que los niños sean expuestos a contenidos cada vez más extremos», expresó Von der Leyen, después de evocar el caso de Oléa, una niña belga de 14 años víctima del 'bullying online' que el mes pasado se suicidó.
También el Parlamento de Francia ha aprobado este verano definitivamente la prohibición del uso de redes sociales para menores de 15 años, una medida que está previsto que se implemente de forma progresiva desde el inicio de curso hasta el 1 de enero de 2027. La norma, impulsada por el Gobierno de Macron, también prohíbe el uso de móviles en los institutos.
