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La polémica sobre el Sistema de Seguimiento por Medios Telemáticos del Cumplimiento de las Prohibiciones de Aproximación en materia de Violencia de Género y Violencia Sexual, las conocidas como pulseras antimaltrato, saltó en septiembre de 2025 cuando la Fiscalía General del Estado alertó en su memoria de absoluciones de agresores por «fallos» en los dispositivos y problemas con el prestador del servicio tras el cambio de empresa adjudicataria del Sistema Cometa. El Ministerio de Igualdad respondió entonces asegurando que las incidencias derivadas del trasvase de datos ya se habían solucionado.
Estos fallos provocaron que el Congreso aprobase una iniciativa para exigir el cese de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por la gestión de los dispositivos y reclamar una auditoría «urgente».
El sistema volvió a registrar una incidencia técnica el 11 de noviembre de 2025 que afectó a la recepción y emisión de llamadas y a las alertas por proximidad autónomas por Bluetooth. Este fallo obligó al Ministerio de Igualdad a activar el protocolo de protección para las víctimas.
Al día siguiente, el 12 de noviembre de 2025, la Comisión Europea confirmó que examinaría los fallos detectados en las pulseras antimaltrato y evaluaría si las disfunciones comprometían los fondos de recuperación de la Unión Europea destinados a financiar este equipamiento.
En el arranque de 2026, el 12 de enero, el Tribunal de Cuentas anunció que incluiría en su programa anual la fiscalización de la contratación y el control de las pulseras telemáticas para maltratadores. Ocho días más tarde, el 20 de enero de 2026, el Gobierno aprobó una nueva licitación por un importe superior a los 71 millones de euros para renovar la gestión del servicio hasta 2029 con el objetivo de reforzar el sistema.
Por su parte, el Ministerio de Igualdad resolvió el 6 de marzo de 2026 imponer una sanción económica de 25.285 euros a Vodafone, empresa adjudicataria del servicio, como consecuencia de la incidencia técnica ocurrida en noviembre. Ese mismo mes, el 24 de marzo de 2026, el Parlamento Europeo acordó mantener abierta una petición ciudadana sobre los fallos en los dispositivos mientras Bruselas terminaba de aclarar el impacto sobre los fondos comunitarios.
Tras el verano, el 16 de septiembre de 2026, la ministra Ana Redondo defendió en Sevilla la eficacia del dispositivo Cometa, asegurando que ninguna mujer portadora de esta pulsera había sido asesinada en España y subrayando el refuerzo de los protocolos en la nueva contratación.
Una semana después, el 23 de septiembre de 2026, el Tribunal de Cuentas publicó el resultado de su auditoría, en la que alertaba de «graves deficiencias» tanto en la contratación como en el seguimiento del sistema telemático de medidas de alejamiento. El órgano fiscalizador recalcó en su informe que en este tipo de servicios destinados a proteger a víctimas de violencia de género y sexual «debe primar sobre todo la calidad en la prestación».
Finalmente, este jueves 12 de noviembre de 2026, la Fiscalía Europea (EPPO) ha anunciado que investiga un presunto delito de fraude con fondos de la Unión Europea destinados a las pulseras antimaltrato en España. Las diligencias, dirigidas desde la oficina de Madrid con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, han incluido actuaciones para recabar documentación en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas.
Tras conocerse la intervención judicial, la ministra Ana Redondo ha asegurado que la investigación «no es nada nuevo», ha ofrecido «absoluta colaboración y transparencia» a las autoridades europeas y ha defendido que le consta que los fondos comunitarios se emplearon «correctamente».
