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La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales remitirá una carta a los presidentes de todas las comunidades autónomas para exigirles que no «hagan caja» con la financiación de la dependencia y que reflejen en sus Presupuestos de 2027 los incrementos en los fondos estatales asignados.
«Transcurridos ya cuatro meses de incrementos en la financiación que ya se han ingresado en las arcas autonómicas, no observamos que se estén produciendo todos los cambios que serían esperables para las personas dependientes en su territorio», asegura la entidad en la misiva que prevé mandar a los presidentes autonómicos.
A su juicio, estos cambios deben plasmarse «de manera indubitada» en las previsiones contenidas en los Presupuestos Generales de cada comunidad. De lo contrario, señala que «cabría pensar que se pretende 'hacer caja' con una financiación finalista cuyo destino no puede ser otro que mejorar la vida de las personas dependientes y de quienes las cuidan».
Así se anunciará durante el XXXIII Congreso Nacional de la organización, que tendrá lugar este jueves 5 de noviembre. Se trata de un foro en el que acudirán más de 400 profesionales y donde también se presentará un documento técnico de propuestas para una gestión «eficaz» del incremento de financiación.
Según los cálculos de la Asociación, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) prevé alcanzar una financiación global de 18.900 millones de euros en 2027. Este importe se compondrá de 7.654,5 millones aportados por la Administración General del Estado, una cifra equivalente a aportar por las comunidades autónomas y 3.591 millones procedentes del copago de las personas usuarias.
Con el objetivo de optimizar los recursos disponibles en el nuevo marco regulatorio fijado por la Ley de reforma de la Ley de Dependencia, la Asociación ha presentado un documento elaborado por su Comité de Expertos con 18 propuestas técnicas.
Entre las medidas más destacadas se incluye la implantación de un único acto administrativo y una resolución única que unifique la declaración del grado de dependencia, permitiendo que las posteriores modificaciones de prestaciones se realicen por prescripción facultativa sin abrir nuevos expedientes.
Asimismo, plantea la realización de revisiones de grado de facto mediante la consulta de la historia clínica o escalas de los servicios ya recibidos.
También propone flexibilizar la prestación económica vinculada al servicio, «con cuantías suficientes y condiciones que aseguren en los centros o servicios los mismos niveles de calidad que en las plazas concertadas».
Igualmente, apuesta por posibilitar que los centros residenciales y de día presten servicios ambulatorios o a domicilio y la creación de viviendas con apoyos en el medio rural. En materia laboral, aboga por equiparar paulatinamente los salarios del sector de los cuidados a las categorías equivalentes del ámbito sanitario.
Durante el acto institucional, la entidad entregará este jueves sus reconocimientos anuales. En la categoría de Personas de Relevancia en la Justicia Social, el galardón recaerá en el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; mientras que Joaquín Almunia recibirá el premio a la Trayectoria en Políticas Sociales.
El reconocimiento a los Medios de Comunicación se ha concedido al Grupo PRISA, y en la modalidad de Institución Pública han resultado premiados los ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz, Valladolid, Montilla (Córdoba), Fuenlabrada (Madrid) y Barcelona por obtener las mejores puntuaciones en el Índice DEC de Servicios Sociales.
