La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado el «caos informático» que sufren las unidades de documentación de la Dirección General de la Policía (DGP) debido a los «continuos fallos y caídas» de las aplicaciones utilizadas para la expedición de documentos, y ha avisado de que la regularización de migrantes «puede colapsar».
Según el sindicato, las incidencias se vienen repitiendo «desde hace meses» sin que la Administración haya ofrecido «explicaciones convincentes» ni haya puesto en marcha «medidas eficaces» para solucionarlas.
Entre los problemas más habituales ha detallado que figuran «las interrupciones constantes de los sistemas, pérdidas de conexión, lentitud en las aplicaciones e incidencias recurrentes, lo que generan retrasos, acumulación de citas y una enorme frustración tanto entre los empleados públicos como entre los usuarios que acuden a realizar sus trámites».
La organización sindical ha asegurado que ha trasladado esta situación en distintas mesas de negociación y mediante escritos dirigidos a la Administración, pero ha lamentado que no haya recibido una «explicación clara» sobre el origen de las incidencias ni un calendario de actuaciones que permita resolverlas de forma «definitiva».
«Esta situación resulta especialmente preocupante ante la inminente aplicación de las medidas de regularización extraordinaria de extranjeros, que previsiblemente supondrán un importante incremento de la carga de trabajo en las oficinas policiales», ha subrayado.
Por ello, ha reclamado a la Dirección General de la Policía que informe «de manera transparente» sobre las causas de estas incidencias, que adopte «de forma urgente» las medidas técnicas necesarias para garantizar la estabilidad de las aplicaciones informáticas y que planifique «adecuadamente» los recursos humanos y materiales necesarios para afrontar el aumento de actividad previsto.
El sindicato considera que resulta «inaceptable» que continúe una situación que afecta diariamente al funcionamiento de un servicio «esencial». «Los empleados y empleadas públicas destinados en la Dirección General de la Policía merecen herramientas de trabajo fiables y eficaces, y la ciudadanía merece una atención de calidad. Ambas cosas son incompatibles con unos sistemas informáticos que llevan meses fallando sin que nadie asuma responsabilidades, ni aporte soluciones», ha concluido.
