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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha celebrado las mejoras previstas en el nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario pero reclama que éstas se traduzcan en derechos efectivos para las personas con discapacidad.
La organización ha identificado garantías en ámbitos esenciales como «la igualdad de trato y la no discriminación, el acceso y la admisión, los apoyos especializados, las adaptaciones curriculares, las prácticas académicas, la evaluación y la revisión de calificaciones».
Asimismo, el CERMI ha destacado las medidas para favorecer la movilidad nacional e internacional, la participación y representación estudiantil, el deporte inclusivo, el acceso al transporte adaptado y la accesibilidad de los servicios universitarios, las tecnologías digitales y los alojamientos destinados al estudiantado.
El CERMI señala como positivo que la discapacidad se aborde de manera transversal en el conjunto del Estatuto y que la inclusión se proyecte sobre todas las dimensiones de la vida universitaria, más allá de la actividad docente.
Entre las previsiones destacadas figuran la adaptación de los procedimientos de acceso y evaluación, la existencia de unidades de apoyo, las tutorías personalizadas y la promoción de la participación de las personas con discapacidad en los órganos de representación y en las actividades universitarias.
No obstante, el CERMI advierte de que estas garantías normativas deben traducirse «en derechos efectivos, con procedimientos accesibles para solicitar apoyos y ajustes, personal especializado y financiación suficiente». El informe también señala la necesidad de evitar que las limitaciones organizativas de las universidades o el carácter potestativo de determinadas adaptaciones docentes puedan menoscabar la igualdad de oportunidades del estudiantado con discapacidad.
El nuevo Estatuto concede a las universidades un plazo de doce meses desde su entrada en vigor para adaptar sus normativas y disponer de los servicios o unidades necesarios, así como un plazo de seis meses para aprobar determinados protocolos cuando todavía no existan.
El CERMI considera necesario realizar un seguimiento de este proceso, evaluar el cumplimiento de las obligaciones y garantizar la participación del estudiantado con discapacidad y de sus organizaciones representativas.
