CCOO ha pedido al Gobierno cautela para la modificación del reglamento de Extranjería «con serenidad, diálogo y una perspectiva integral», especialmente en un contexto marcado por la crisis geoestratégica, humanitaria y migratoria en Ceuta que «ha provocado una gran sensibilidad social».
El sindicato ha expresado su preocupación porque esta iniciativa haya partido del Ministerio del Interior. En su opinión, un anteproyecto de ley «no se puede improvisar en unos días, yretrotrae a otros tiempos en los que se situaba la política migratoria sobre la base del control y la base del tratamiento policial, frente a un enfoque que integre también las dimensiones sociolaboral y de inclusión de las personas migrantes».
Por ello, CCOO ha recordado que lleva años reclamando una reforma de la Ley de Extranjería y ha planteado un triple abordaje. Por un lado, una ley de extranjería que establezca el estatuto jurídico de las personas extranjeras en España, sus derechos, libertades y obligaciones; por otro, una ley de migración que regule la dimensión sociolaboral de los flujos migratorios; y, finalmente, una ley de asilo que ordene los procedimientos derivados de las obligaciones internacionales en materia de protección internacional.
Para el sindicato la política migratoria debe ser una política de Estado y por ello reclama responsabilidad al Gobierno y a las fuerzas políticas de la oposición para evitar «discursos y actuaciones que puedan deteriorar la convivencia en una sociedad plural y diversa como la española».
CCOO ha advertido además de que cualquier mecanismo de gestión migratoria «estará abocado al fracaso si las administraciones competentes no cuentan con los recursos necesarios». En este sentido, el sindicato vuelve a defender la creación de una Agencia Española para las Migraciones «que integre las competencias actualmente dispersas entre distintas administraciones y organismos para poder mejorar la eficacia de la gestión migratoria».
Por ello, CCOO ha solicitado que se activen los mecanismos habituales de consulta y diálogo institucional para construir un nuevo marco normativo para garantizar una gestión eficaz de las migraciones, basada en el respeto a los derechos de las personas.
