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Comunidades autónomas gobernadas por el PP han tildado de «insuficiente» o «escasa» la ayuda de 25 millones de euros aprobada este jueves 27 de agosto en la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud para la atención de menores migrantes no acompañados en Ceuta y han exigido el retorno a sus países de origen de estos niños y adolescentes.
La reunión, a la que no han acudido Aragón, Extremadura y Castilla y León, tenía un único punto en su orden del día, sobre la ayuda para Ceuta, que ha sido aprobada por las 14 autonomías presentes. Al encuentro han acudido presencialmente Cataluña, Navarra, Canarias y Madrid, mientras las demás autonomías han participado de forma telemática. Aragón, Extremadura y Castilla y León enviaron cartas el martes y el miércoles al Ministerio de Juventud e Infancia para avanzar que no acudirían a la Sectorial, al rechazar «cualquier reparto de menas» desde la ciudad autónoma «hacia cualquier parte del territorio nacional».
En este sentido, la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha considerado «insuficiente» la ayuda y ha reiterado que la comunidad autónoma «no puede» acoger a menores procedentes de un reparto. Además, ha reiterado la petición de Baleares de proceder al retorno de todas las personas migrantes y, en el caso de los menores, que se estudie «caso por caso» y, si es posible, se proceda a su reagrupación familiar en origen.
Mientras, la conselleira de Política Social de Galicia, Fabiola García ha tildado de «completamente insuficientes» los 25 millones de euros y ha insistido en su apuesta por la reagrupación familiar sin cerrarse a acoger a menores migrantes. «Pero siempre con consenso, planificación y financiación», ha matizado.
«También quisimos trasladar que Galicia siempre ha sido y será una comunidad autónoma solidaria. Vamos a seguir siendo solidarios, pero vamos a continuar reclamando diálogo, planificación, coordinación y financiación», ha reiterado García, que además ha consultado por el número concreto de menores presentes en Ceuta al Gobierno, que ha dicho desconocerlo.
Desde la Comunidad de Madrid, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha rechazado «cualquier tipo de reparto» de menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta y ha exigido el retorno con sus familias.
«Asistimos exclusivamente en apoyo a Ceuta, a esa ciudad autónoma que sigue abandonada por el Gobierno de España. Vamos a seguir exigiendo al Gobierno de España que actúe, que proteja las fronteras y que ponga más medios al servicio de Ceuta y de todas las comunidades autónomas que reciben llegadas masivas de inmigrantes de forma irregular», ha subrayado.
Igualmente, la consejera cántabra de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, ha considera «escasa» la ayuda y ha solicitado que, dentro de la misma, se incluya una partida para la reunificación de estos menores.
Para Gómez del Río, el Gobierno «lo primero que tiene que hacer es cumplir la legalidad y cumplir la legalidad». En este sentido, ha abogado por el «retorno y reunificación familiar, siempre dentro de la ley y atendiendo al interés superior de cada menor».
Por parte de Murcia, la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha expresado su «rotundo apoyo» a Ceuta ante la situación de «absoluta indefensión y desamparo» que padece, a su juicio, por la «dejación de funciones del Ejecutivo central», y ha votado a favor de transferirle una partida de 25 millones de euros para afrontar las consecuencias de la crisis migratoria.
No obstante, ha advertido de que la financiación aprobada por el Gobierno de España resulta «insuficiente y no puede garantizar la acogida digna de los menores». También ha exigido a la Administración central que «asuma ya el control de una situación que se le ha ido de las manos en Ceuta», al tiempo que ha alertado de que la crisis «se ha agravado también en la Región de Murcia, donde la llegada de embarcaciones con inmigrantes a bordo es constante, poniendo a prueba los recursos disponibles, que se encuentran al límite».
Por otro lado, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha reclamado al Estado que utilice las herramientas jurídicas que ofrece el Pacto Europeo de Migración y Asilo para agilizar la atención y el triaje de los menores migrantes que se encuentran en Ceuta.
Al respecto, la canaria ha hecho especial hincapié en que las islas se sintieron «solas» en su momento y que tuvo que impulsar distintas reformas legislativas que ahora «pueden ayudar» a Ceuta a afrontar la situación de los menores, incluida la posibilidad de que sean reagrupados con sus familias o trasladados incluso a otros Estados miembros de la Unión Europea.
La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia de la Comunidad Valenciana, Elena Albalat, ha reclamado al Gobierno central «que asuma su responsabilidad y garantice la mayor protección de los menores» que han llegado a Ceuta «empezando por buscar a sus familias y cuando sea posible, facilitar su retorno y reunificación familiar».
«Nuestra posición desde el primer momento —ha explicado— es el retorno, siempre de acuerdo con la Ley. Estamos hablando de personas que tienen una historia y, en muchos casos, una familia que hay que buscar». Por ello, ha reclamado «una actuación caso a caso que priorice la mayor protección del menor, la localización de sus familias y la reunificación familiar».
En cambio, la vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo, ha dicho que es «fundamental» garantizar la protección de los niños que están en la ciudad y ha subrayando que el Gobierno de España ha informado de que «la primera opción es esa reagrupación familiar con sus familias en los países de origen que tienen ciertas dificultades y que a partir de ahí se articularán todas las medidas».
Llamedo ha incidido en la necesidad de «la responsabilidad, no solo de la solidaridad, sino de la responsabilidad también en los discursos institucionales» para evitar «seguir alimentando el odio, de seguir alimentando el rechazo en una situación tan excepcional como esta», y ha destacado la «especial preocupación» del Gobierno de España «por más de 500 niñas, con una especial vulnerabilidad».
Por Castilla-La Mancha, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha trasladado su apoyo y solidaridad con Ceuta ante la situación que atraviesa. Además, ha señalado que estos 25 millones constituyen «una acción necesaria para empezar a dar respuesta a esta situación que se está viviendo en Ceuta» y ha recordado que la propia ministra ha planteado la posibilidad de ampliar los recursos si la evolución de las necesidades así lo requiere.
Finalmente, el conseller de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat de Cataluña, Raúl Moreno, ha pedido al PP «altura de miras» y responsabilidad en la gestión de los menores migrantes de Ceuta. También ha explicado que en la reunión no ha habido ninguna propuesta de distribución de menores, sino «una serie de líneas» trasladadas por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
