El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido este miércoles la «solidez» jurídica del Real Decreto de regularización extraordinaria de migrantes —cuyo plazo de solicitud concluyó este martes— y ha expresado «total respeto» a los pasos que dé el Tribunal Supremo.
«Tenemos la absoluta tranquilidad de que es un Real Decreto muy sólido, que ha contado con todos los informes preceptivos», ha asegurado ante los medios de comunicación para hacer balance del primer aniversario de los primeros tribunales de instancia, en la sede del Ministerio.
Así lo ha puesto de manifiesto después de que el Tribunal Supremo haya planteado a comunidades autónomas que recurrieron la regularización que se pronuncien sobre la procedencia de formular cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ante la «duda» de «si podría entrar en colisión» con normativa comunitaria.
En este sentido, ha destacado que el proceso de regularización está dirigido a migrantes en situación irregular, a personas que ya estaban en España, y ha calificado el mismo de «éxito». «Tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de los derechos el proceso es un éxito. Y creo que es la idea fundamental que tenemos que subrayar», ha señalado.
De la misma manera, ha explicado que «la Comisión Europea, por boca de sus portavoces, ya ha dejado claro que la regularización no choca con ninguna norma europea y, además, que España tiene perfecto derecho a aprobar una regularización de estas características».
Igualmente, ha recordado que el Tribunal Supremo ya rechazó en mayo medidas cautelares para suspender el proceso de regularización. «El Supremo ahí ya ha tomado una decisión. Ahora lo que se plantea es si el Tribunal Supremo eleva una cuestión prejudicial con algunas cuestiones, algunas dudas, al TJUE. Total respeto, por supuesto, a la decisión que pueda adoptar el Tribunal Supremo», ha añadido.
No obstante, ha expuesto que, en el caso de elevarse la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, «no se suspendería el proceso de regularización, se suspendería el proceso judicial».
«Para suspender el proceso de regularización, únicamente se podría hacer a través de una medida cautelar que el Supremo ya ha rechazado, insisto, ya ha rechazado el Tribunal Supremo. Es verdad que hay otros procedimientos judiciales porque ha habido distintas demandas contra ese Real Decreto», ha detallado.
