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Autismo España ha valorado de forma positiva la aprobación de la nueva regulación de las entidades del Tercer Sector de Acción Social colaboradoras de la Administración General del Estado, que podrán obtener el reconocimiento como colaboradoras del Estado a partir del 2 de enero de 2027.
No obstante, la organización considera que este avance debería haberse acompañado de una regulación «más completa y equilibrada», que evaluara también la inclusión, la transparencia y el buen gobierno.
Al respecto, recuerdan que, durante la elaboración de la normativa, Autismo España trasladó al Gobierno observaciones jurídicas y técnicas para garantizar un sistema de acreditación abierto, proporcionado y coherente con la naturaleza pública del reconocimiento
En este sentido, Autismo España considera esencial reforzar la calidad, la evaluación y la mejora continua, y defiende estándares exigentes para el Tercer Sector. Por ello, advierte de que la referencia expresa a determinadas normas restringe, en la práctica, las vías de acreditación para obtener un reconocimiento jurídico público.
Como incide Autismo España, las obligaciones jurídicas deben estar suficientemente determinadas y ser conocidas por las entidades afectadas. Sin embargo, estos estándares no siempre se publican íntegramente en fuentes oficiales y su consulta suele estar sujeta a pago, «lo que plantea dudas desde la perspectiva de los principios de legalidad, seguridad jurídica y accesibilidad normativa».
La regulación tampoco determina qué condiciones debe cumplir un sistema equivalente, quién debe valorarlo, mediante qué procedimiento puede admitirse ni con qué garantías por lo que, como alerta la organización, «sin criterios objetivos y verificables, el reconocimiento de otras alternativas queda expuesto a decisiones discrecionales potencialmente arbitrarias, sin garantizar la neutralidad entre modelos ni la igualdad de oportunidades de las entidades».
Estos procesos exigen, además, importantes recursos económicos, técnicos y organizativos por lo que sin medidas proporcionadas y un periodo transitorio suficiente, pueden perjudicar a entidades de menor dimensión que desarrollan igualmente una actividad rigurosa y de alto valor social, y concentrar el reconocimiento en las organizaciones con mayor capacidad estructural, subraya Autismo España.
Además, lamentan que la regulación incorpora obligaciones de control, rendición contable e incompatibilidades, pero no establece una evaluación integral y verificable de la transparencia y el buen gobierno de las entidades que aspiran a colaborar con la Administración General del Estado, entre otras cuestiones.
Por todo ello, reclama criterios públicos y accesibles, un procedimiento reglado para admitir sistemas equivalentes y un plazo razonable de adaptación. «No se trata de rebajar la calidad, sino de compatibilizarla con la legalidad, la seguridad jurídica, el pluralismo organizativo y el equilibrio del Tercer Sector», argumentan.
