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Al menos nueve comunidades autónomas asistirán este jueves 27 de agosto a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde se abordará el crédito extraordinario de 25 millones de euros para la atención de la infancia migrante en Ceuta tras la entrada masiva de extranjeros del 30 julio.
En concreto, Andalucía, Cataluña, Murcia, Galicia, Comunidad Valenciana, Asturias, Cantabria, Navarra y Canarias han confirmado a Europa Press su asistencia al encuentro del jueves que presidirá la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
Por su parte, Baleares, la Comunidad de Madrid y La Rioja han evitado confirmar su asistencia, por el momento. En cambio, Castilla y León ha descartado acudir y ha pedido al Gobierno la expulsión de migrantes, al mismo tiempo que ha avisado de una capacidad de acogida «superada» en la comunidad.
La fecha para la celebración de la Conferencia Sectorial se decidió el 13 de agosto, en la Comisión Sectorial, una reunión técnica entre el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, y los directores generales de Infancia de las comunidades autónomas. Aragón, Castilla y León y Extremadura, donde gobiernan conjuntamente PP y Vox, no asistieron entonces y está previsto que tampoco acudan este jueves.
En la Comisión, según informó el Ministerio, las comunidades autónomas presididas por el PP se negaron a incorporar en el orden del día de la Conferencia Sectorial un punto informativo y de debate sobre la atención de los menores migrantes no acompañados de Ceuta.
En todo caso, fuentes de Juventud e Infancia han asegurado a Europa Press que la ministra propondrá de nuevo este jueves en la reunión la inclusión de este asunto al inicio del encuentro y tendrá que votarse. El objetivo, han precisado, es añadir un punto amplio sobre todas las cuestiones relativas a la infancia, incluida la propuesta de derivar a 500 niñas de Ceuta a la Península.
El Ministerio que dirige Sira Rego trabaja en un plan integral de acogida para menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio y aborda entre sus medidas el traslado unas 500 niñas a la Península, «sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas».
Esta última medida incluye el real decreto-ley para «la acogida vinculante y solidaria» por parte de todas las comunidades o el acogimiento familiar, «pero también otras fórmulas que permita agilizar la acogida».
Entre estas fórmulas, según Infancia, también se aborda «una vía» para que las organizaciones de protección a la infancia «desarrollen la acogida y el cuidado de los perfiles más vulnerables, entre ellos las niñas, en recursos adaptados en Península, sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas».
Ante este escenario, el PP ha recalcado en distintas comparecencias que «el interés superior del menor es estar con su familia» y se ha respaldado en el aval de la Comisión Europea para el retorno de los menores que cruzaron la frontera ceutí.
Además, los 'populares' han recordado las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en las que, a su juicio, habrían asegurado que los menores regresarían a su lugar de origen.
«Si hay petición de Marruecos para que vuelvan los niños, si Europa ha dicho que por favor vuelvan los niños y los no niños, los que han entrado de manera irregular, ¿qué más necesita el Gobierno?», preguntó la semana pasada el vicesecretario del Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo.
Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, aseguró en redes sociales que «lo que el Partido Popular plantea no es reunificación familiar ni retorno: es una deportación de niños y niñas sin ninguna garantía y sin derechos, algo absolutamente ilegal».
En esta línea, Rego explicó que la ley en España y en Europa «es clara: escucha del menor, intervención de Fiscalía, garantía de derechos y cooperación entre países». Además, subrayó que «el retorno debe ser voluntario y con garantías».
Este nuevo choque entre el Ejecutivo y las autonomías se enmarca en un extenso pulso político e institucional por el modelo de reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades. El núcleo de la discrepancia jurídica y política radica en la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, aprobada en abril del año pasado.
El Gobierno central impulsó la modificación de este artículo mediante real decreto-ley debatido en el Congreso para fijar un mecanismo de distribución obligatorio y solidario en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria. Dicho modelo establece que cuando un territorio (como Canarias, Ceuta o Melilla) excede en tres veces su capacidad ordinaria de acogida, se activa la reubicación hacia otras autonomías en función de parámetros como la población, la renta per cápita o la tasa de paro.
Sin embargo, el criterio para aplicar estas cuotas ha encontrado una fuerte resistencia por parte de las autonomías gobernadas por el PP. Varias comunidades han rechazado las imposiciones de criterios obligatorios y han llegado a judicializar el reparto alegando indefensión financiera o falta de transparencia en los datos de capacidad.
