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Vox ha pedido la suspensión cautelar de la mezquita del Polígono Sur mediante un recurso de alzada contra el acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente de Sevilla, de 28 de julio de 2026, por el que se concedió licencia urbanística para la construcción del denominado Centro Cultural Islámico de Sevilla, proyectado en la calle Victoria Domínguez Cerrato.
El recurso solicita que la licencia «sea declarada nula o, subsidiariamente, anulada o revocada», y que se acuerde su denegación. Asimismo, Vox reclama la suspensión cautelar inmediata «de la eficacia de la licencia y de cualquier habilitación para iniciar las obras mientras no exista una resolución firme», como detalla la formación política en una nota de prensa.
En este sentido, la actuación autorizada contempla un edificio de tres plantas sobre rasante y sótano, además de un minarete de 30 metros de altura. El programa incluye salas de oración diferenciadas para hombres y mujeres, zonas de abluciones, zona del imán, patio y jardín de mezquita, sala de conferencias, salón multiusos, cocina industrial, cafetería, tienda, espacios de coworking, aulas, biblioteca, oficinas, alojamientos comunitarios y aparcamientos, destaca el comunicado.
Al respecto, Vox cuestiona que el uso religioso pueda considerarse «meramente complementario». No en vano, uno de los principales motivos del recurso es la contradicción que, a juicio de este partido político, existe entre la denominación y calificación del proyecto y su configuración material. «El promotor sostiene que la actuación no constituye un centro de culto, sino un centro cultural y social en el que la mezquita tendría un carácter coadyuvante o complementario. Sin embargo, el proyecto incorpora, entre otros elementos, salas de oración diferenciadas, zonas de abluciones y un minarete».
Para Vox, esta circunstancia obliga a determinar «de manera expresa, motivada y verificable» cuál es el uso principal real del complejo y, en función de esa determinación, «qué régimen urbanístico resulta aplicable». El recurso pone además el foco en las propias dimensiones del proyecto. Según los datos incorporados al expediente y recogidos por Vox, la mezquita ocupa 771,40m2 en planta baja, frente a los 681,70m2 del centro cultural.
«Asimismo, se atribuye a la mezquita una volumetría de 10.799,6m2, frente a 6.680,66m2 correspondientes al centro cultural. No basta con denominar centro cultural a un proyecto para que el uso religioso deje de ser su elemento principal; lo que debe analizarse es la realidad material del proyecto y su encaje en el planeamiento», sostiene Vox.
Según los cálculos aportados en el recurso, la mezquita dispone de 1.144m2 de superficie útil, por lo que el límite del 40% se situaría en 457,6 m2. «Sin embargo, únicamente los alojamientos y sus accesos alcanzarían, según el citado recurso, 551,8m2, equivalentes al 48,2% de la superficie de culto». Vox considera que este dato constituye una «cuestión esencial» que debería haber sido analizada «expresamente» antes de conceder la licencia.
Otro de los motivos del recurso se refiere a los once alojamientos previstos en el proyecto. Así, Vox cuestiona que «puedan ser considerados simplemente 'alojamientos temporales' vinculados al bienestar social». El recurso de alzada señala que el propio arquitecto llega a calificarlos como 'viviendas' y que «se organizan de manera independiente para garantizar su autonomía funcional».
Vox también pone en tela de juicio la incorporación al complejo de diferentes usos de carácter terciario, entre ellos, cafetería, tienda, coworking y oficinas. «No consta una justificación suficiente de su compatibilidad con la parcela dotacional ni un análisis específico que determine si estos usos son realmente coadyuvantes de los fines dotacionales previstos y si contribuyen a mejorar las condiciones urbanas de la zona».
Otro de los motivos alegados por Vox es la ausencia de un Estudio de Detalle. El recurso sostiene que la parcela constituye una «manzana completa» y que, conforme al artículo 6.6.4 del PGOU, las condiciones de posición y forma de la edificación «deberían fijarse mediante este instrumento de planeamiento».
El recurso presta especial atención al minarete de 30 metros, dado que el planeamiento «no establece una altura expresamente grafiada», esta «debe responder a las necesidades del equipamiento y a las características del entorno». A su juicio, ni el proyecto ni los informes municipales «ofrecen una motivación urbanística suficientemente objetiva para justificar esa altura», al tiempo que reclama, además, una justificación específica y suficiente.
El recurso plantea la suficiencia de los informes técnico y jurídico que sirvieron de fundamento para la concesión de la licencia. En particular, Vox sostiene que dichos informes «no resuelven de forma suficientemente clara cuestiones esenciales como el uso principal efectivo del complejo; la aplicación del límite del 40% previsto para los centros de culto; la naturaleza urbanística de los alojamientos; la compatibilidad de los usos terciarios incluidos en el proyecto, y el aforo y las condiciones de evacuación».
El recurso plantea, igualmente, una cuestión relativa a la igualdad entre hombres y mujeres. «Si el proyecto se presenta urbanísticamente como un centro cultural y no como un centro de culto, la existencia de salas de oración diferenciadas para hombres y mujeres debería analizarse también desde la normativa general de igualdad y no exclusivamente desde la perspectiva de la libertad religiosa». Por este motivo, solicita que se recabe informe del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) sobre esta cuestión.
El mencionado recurso de alzada incorpora, además, otros motivos jurídicos y procedimentales relacionados, entre otras cuestiones, con la publicación completa de determinadas determinaciones gráficas del PGOU, el incumplimiento histórico del deber de edificar el solar, la acreditación de la titularidad de la parcela y la voluntad formal de la fundación promotora.
Vox considera que la licencia fue concedida «sin resolver adecuadamente» cuestiones esenciales «sobre la verdadera naturaleza del proyecto y su compatibilidad con el planeamiento urbanístico».
«Lo que estamos reclamando es que se cumpla el planeamiento urbanístico y que todas las cuestiones relevantes del proyecto sean analizadas y motivadas antes de permitir que las obras puedan comenzar». De este modo, añade Vox, «no se puede dar por resuelto lo que precisamente constituye el objeto central de la controversia».
