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Los vicepresidentes de los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Extremadura y Aragón —Carlos Pollán, Óscar Fernández Calle y Alejandro Nolasco, de Vox— han anunciado que sus regiones no asistirán este jueves, 27 de agosto, a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Además, han anunciado que impugnarán judicialmente cada expediente de menores migrantes procedentes de Ceuta que no concluya con su retorno a Marruecos.
Así consta en sendos escritos remitidos entre este martes y miércoles al Ministerio de Juventud e Infancia por parte de los tres dirigentes regionales, tras la entrada masiva de extranjeros en Ceuta el 30 de julio. En los mismos, solicitan que conste en el acta de la reunión su veto expreso «a cualquier reparto de menas» desde la ciudad autónoma «hacia cualquier parte del territorio nacional».
Según los representantes autonómicos, las comunidades donde gobiernan se encuentran en situación de «saturación». En sus misivas, ratifican los argumentos planteados en una primera comunicación enviada el pasado 8 de agosto y critican que el Ministerio aborde la distribución territorial del crédito de 25 millones de euros para la atención de estos jóvenes sin resolver con carácter previo la situación administrativa individualizada de los mismos.
En el texto enviado al departamento que dirige Rego, los vicepresidentes autonómicos argumentan que la competencia en materia de extranjería y fronteras corresponde en exclusiva al Estado. En este sentido, sostienen que mientras el Ejecutivo central no incoe y resuelva los expedientes de retorno o reunificación familiar conforme al artículo 35 de la Ley Orgánica de Extranjería, trasladar a los menores a otras regiones «carece de fundamento» y «dificulta materialmente la localización de sus progenitores».
Del mismo modo, critican el «reparto caprichoso, aleatorio y arbitrario» del Gobierno sobre los menores migrantes que se encuentran en Ceuta, que «no supera el más elemental juicio de proporcionalidad». «¿Es verdaderamente necesaria y la menos restrictiva la medida consistente en trasladar a un menor desde Ceuta a 800 kilómetros de su familia cuando existe una alternativa menos disruptiva cual es la de mantenerlo provisionalmente en Ceuta durante las pocas semanas necesarias para culminar el expediente individual de reunificación, cerca del punto fronterizo donde ha de realizarse la unificación? Cualquiera que no obtenga un beneficio político o económico de ese traslado, dirá que no», exponen.
También aluden a la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y a la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU para defender que el «interés superior del menor» implica primar su permanencia en la familia y entorno de origen.
En esta línea, piden que se garantice «que ninguna niña o adolescente, española o extranjera, vuelva a sufrir agresiones sexuales en las calles de Ceuta o en los centros de acogida». En este punto, también solicitan que se identifique «a los autores, cómplices y encubridores de estos delitos para que sean juzgados, condenados y expulsados en ejecución de sentencia».
Igualmente, proponen el retorno prioritario de las víctimas, así como que se acelere la reunificación familiar y el retorno de las menores que hayan sufrido violación o agresión sexual en Ceuta. Además, abogan por la reunificación familiar y la entrega a las instituciones de protección de Marruecos.
La fecha para la celebración de la Conferencia Sectorial se decidió el 13 de agosto, en la Comisión Sectorial, una reunión técnica entre el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, y los directores generales de Infancia de las comunidades autónomas. Aragón, Castilla y León y Extremadura tampoco asistieron entonces.
Según el orden del día de la Conferencia Sectorial, en el encuentro se abordará el crédito extraordinario de 25 millones de euros para la atención de la infancia migrante en Ceuta tras la entrada masiva de extranjeros del 30 julio. Además, la ministra Sira Rego propondrá incluir un punto informativo y de debate sobre la atención de los menores migrantes no acompañados de Ceuta, que tendrá que votarse.
El objetivo, según fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, es añadir un punto amplio sobre todas las cuestiones relativas a la infancia, incluida la propuesta de derivar a 500 niñas de Ceuta a la Península.
