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Los líderes de 22 países europeos han advertido de que políticas como la regularización de un «número muy elevado» de migrantes pueden actuar como «factores de atracción» y han vinculado la crisis en Ceuta con la reciente sentencia del Tribunal Supremo que confirmó que la legislación española de extranjería no permite las denominadas devoluciones en caliente, una resolución que, según sostienen, ha sido utilizada para «desencadenar este ataque» y «abusar» del sistema europeo de migración y asilo.
En una carta dirigida a los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, António Costa y Ursula von der Leyen, y al primer ministro irlandés, —presidencia—- los firmantes reclaman una videoconferencia urgente de los ministros de Interior de la UE y avisan de que están dispuestos a «reforzar o reintroducir controles temporales» en las fronteras interiores para afrontar el riesgo de movimientos secundarios, pese a que todavía no se ha detectado ningún desplazamiento no autorizado desde Ceuta hacia el resto de Europa.
«No podemos permitir que los cruces masivos descontrolados, la instrumentalización de la migración u otras amenazas híbridas creen la percepción de que es posible entrar ilegalmente en la Unión Europea», han avisado los dirigentes, que consideran especialmente peligroso que pueda extenderse la idea de que «la entrada ilegal de un migrante puede convertirse en una estancia legal».
A su juicio, esta percepción podría alentar nuevos intentos de entrada, debilitar la confianza en la política migratoria común y provocar «repercusiones para todos los Estados miembro». Por ello, han defendido que la UE tiene el deber de «disuadir eficazmente y combatir sin descanso la migración ilegal», coordinando su actuación, reforzando las fronteras exteriores y abordando «todas las políticas que puedan servir como factores de atracción».
La misiva está suscrita por los líderes de Italia, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumanía y Suecia, varios de los cuales ya habían reclamado endurecer la respuesta europea, llegando algunos, como el Gobierno de Meloni, a defender el restablecimiento de controles fronterizos internos o incluso que se estudiara la suspensión de España del espacio Schengen.
