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Una misión independiente de Naciones Unidas ha alertado que redes extranjeras que operan en varios países reclutan, entrenan y despliegan personal para apoyar a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), además de facilitar la transferencia de armas, municiones, tecnología militar y apoyo logístico, permitiendo así operaciones militares de los rebeldes «cada vez más sofisticadas» que alimentan la guerra en Sudán y tienen «consecuencias devastadoras para los civiles».
El informe —elaborado por la misión internacional independiente de investigación de la ONU para el país y titulado 'Alimentar el conflicto de Sudán: armas, combatientes y redes de apoyo externo'— documenta el despliegue de hasta 2.000 excontratistas militares colombianos que operaban con drones, artillería y armas junto a unidades de las RSF en zonas como Darfur y Kordofán.
El documento apunta a que las RSF utilizan aparatos no tripulados suministrados por fuerzas extranjeras en sus operaciones. Asimismo, plantea que existen «motivos razonables» para concluir que entidades privadas, intermediarios logísticos y reclutadores que operan desde países extranjeros —incluidos Colombia y Estados Árabes Unidos— utilizan lugares como Chad, el sudeste de Libia y Bosaso, en Somalia, para facilitar apoyo armamentístico y logístico al grupo.
«Encontramos una cadena transnacional de redes que abarcan varios países y que proporcionaba a la RSF personal extranjero, entrenamiento, armas y logística», señala una miembro experta de la misión, Mona Rishmawi, que describe cómo esta ayuda militar contribuyó al desarrollo de operaciones de las RSF en el campamento de Zamzam y al asedio de El Fasher, donde la misión documentó graves violaciones de Derechos Humanos.
Entre los ataques que investigó la misión para la elaboración del informe se encuentran los bombardeos de las RSF en la localidad de Kalogi, en Kordofán meridional —donde murieron 114 personas, incluidos unos 60 niños— y ataques de las Fuerzas Armadas de Sudán en Ad Daein, en Darfur Oriental, que dejaron al menos 70 fallecidos y daños a un hospital.
Asimismo, también documenta ataques con drones de las RSF en El Obeid, Kordofán del Norte, especialmente entre julio y agosto de 2026, que afectaron de forma repetida a infraestructuras civiles. Todos esos ataques, según la misión, podrían constituir «violaciones graves del Derecho Humanitario» y «equivaler a crímenes de guerra».
«Debe investigarse toda la cadena de responsabilidad, incluidos aquellos que ordenan, financian, suministran o facilitan crímenes internacionales», ha expresado otra miembro experta de la misión, Joy Ngozi Ezeilo, quien deja claro que «la rendición de cuentas no puede detenerse en quienes llevan a cabo los ataques» en Sudán.
De esta forma, la misión ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional a aplicar un embargo de armas en Darfur y en todo Sudán, a poner fin a las transferencias de material militar cuando haya «riesgos sustanciales» de cometer violaciones e investigar a las personas y entidades implicadas en redes de apoyo «ilícitas».
El jefe de la misión de investigación, Mohamed Chande Othman, ha afirmado que la comunidad internacional «ha sido advertida de forma reiterada sobre las violaciones» en Sudán en el marco de la guerra desatada en abril de 2023 entre el Ejército y las RSF.
«Proteger a los civiles de Sudán requiere actuar no sólo contra quienes luchan en la guerra, sino también contra las personas, entidades y redes que permiten que continúe», ha zanjado, según un comunicado difundido por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La guerra civil en el país africano estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.
El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.
